La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el 21 de septiembre el juicio de fondo que se conoce al diputado del Partido Revolucionario Moderno por Santiago, Gregorio Domínguez Domínguez, acusado de violación de propiedad privada en la comunidad de Punta Rucia, Puerto Plata.

La audiencia, que fue suspendida debido a que uno de los magistrados de esa sala penal de la SCJ está aquejado de salud, está pautada para las 10:00 de la mañana del 21 de septiembre.

El reenvío de la audiencia había sido solicitado por el Ministerio Público y ningunas de las partes del proceso se opuso, comportamiento que fue ponderado por el presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Antonio Jerez Mena, quien señaló que la grandeza de los pueblos es la calidad de las personas.

En aras de avanzar los trabajos dicha sala penal dispuso trabajar esos tres días corridos, ya que muchas de las víctimas para asistir a la audiencia tienen que viajar desde la comunidad de Punta Rucia.

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El 8 de febrero de este año, el Ministerio Público presentó acusación formal ante la Suprema Corte de Justicia en contra del diputado por la provincia Santiago Gregorio Domínguez Domínguez, a quien imputa por violación de propiedad privada.

La acusación presentada por el órgano acusador señala que el diputado Domínguez Domínguez violó los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad en perjuicio de la ciudadana dominico-italiana Lucila Nelly Capellán Luna.

En torno al hecho, el expediente señala que alrededor de las 10:00 de la mañana del 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez (Jaime) y Emmanuel de Jesús Williams Molina, empleado del imputado el primero y chofer de la retroexcavadora el segundo, se presentaron, por instrucciones del imputado Gregorio Domínguez Domínguez, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde la víctima Capellán Luna construía su vivienda.

Explica que una vez en el lugar, Catalino Martínez y Williams Molina procedieron, sin las debidas formalidades de la ley y por orden y con la participación del imputado, al desalojo, destrucción y posterior demolición de la vivienda levantada por la víctima.