Al presidente electo se le atribuye interés en alcanzar durante el periodo de transición una trilogía de acuerdos o pactos que abarquen reforma fiscal, electricidad y educación, tarea difícil de alcanzar en tan corto tiempo, pero sobre la cual se puede avanzar mucho con adecuadas cuotas de voluntad política y responsabilidad social.

Los tres aspectos señalados representan los principales problemas que el nuevo gobierno del licenciado Danilo Medina deberá de afrontar en lo inmediato para poder garantizar relativa estabilidad económica y poder cumplir mínimamente con metas de desarrollo y equidad prometidas a la población.

Reforma fiscal, crisis eléctrica y 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación están íntimamente relacionados entre sí, por lo que deben ser abordados casi simultáneamente, como se dice que aspira el presidente electo.

El déficit fiscal para finales de 2012 alcanzaría, en el menor de los escenarios, el cuatro por ciento del PIB, lo que resulta inmanejable a menos que se acuerde una reforma integral que aumente los ingresos y reduzca el gasto público, lo que haría más llevadera lo que sería todavía una pesada carga.

La crisis del subsector eléctrico es tan grave como el déficit fiscal, porque las transferencias desde el Presupuesto superarían este año los mil millones de dólares, cuando la partida asignada es de solo US$250 millones, sin que el nuevo gobierno tenga idea dónde obtener tan abultada diferencia.

El cumplimiento de la promesa de consignar en el Presupuesto de 2013, el 4% a la educación, significa unos 45 mil millones más que lo asignado en 2012, lo que obligaría al nuevo gobierno a incrementar los niveles de financiamiento de ese ejercicio fiscal.

Es obvio que se requiere de un Pacto por la Educación para evitar que tanto dinero se desperdicie en saco roto o para garantizar calidad de la inversión en educación. Porque el dinero no vale nada, si no sirve para ejecutar proyectos y programas de gran valía.

El presidente electo hace bien en comenzar a tocar puertas a partidos políticos, gremios empresariales, sindicatos y sociedad civil para abordar cuanto antes esos temas que son vitales para el futuro inmediato de la economía, cuya estabilidad, crecimiento y redistribución, depende de la solución de tan apremiantes retos.