El Gobierno ha encaminado iniciativas decisorias en los esfuerzos por despejar la humareda desatada con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que define el alcance de la nacionalidad dominicana, una de las cuales se refiere al cumplimiento de ese fallo y la otra a un acuerdo con Haití para que ambas naciones se comprometan a priorizar el diálogo en la resolución de conflictos.

El Consejo Nacional de Migración, en sesión encabezada por el presidente Danilo Medina, elaboró el programa que sería aplicado para regularizar la situación migratoria de unos 23 mil ciudadanos hijos de extranjeros indocumentados, cuyo registro de nacionalidad ha sido declarado inválido por la interpretación que ha ofrecido el TC sobre la figura constitucional de “ciudadano en tránsito”.

Se trata de un plan regulatorio que será aplicado en dos etapas, una para su implementación técnica y administrativa y la otra que abarcará aspectos de evaluación, revisión y supervisión de documentos de quienes decidan acogerse a ese programa.

Antes de que el Consejo Nacional de Migración aprobara el referido programa, en cumplimiento estricto de la sentencia del TC, una misión oficial, encabezada por el secretario de la Presidencia, licenciado Gustavo Moltalvo, viajó a Venezuela para firmar un acuerdo con autoridades de Haití, que compromete a las partes a dar prioridad al diálogo ante cualquier otra vía para dirimir diferencias relativas a la sentencia de referencia.

No se niega la pertinencia y bondades de ese acuerdo, pero es preciso señalar que el compromiso asumido por el Gobierno de “garantizar seguridad jurídica, pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana”, coloca a Puerto Príncipe como supervisor de prerrogativas que aquí se cumplen, pero que en todo caso, su custodia corresponde a órganos jurisdiccionales dominicanos.

En ese acuerdo, las autoridades haitianas sólo se comprometen a usar el diálogo en primera instancia, sin que se consigne su obligación de garantizar también seguridad jurídica y derechos de sus conciudadanos en todo lo relacionado con el control migratorio del lado oeste de la frontera.

Ahora resulta que el Gobierno de una nación donde no se respetan derechos fundamentales de los ciudadanos, incluido el de la propia vida, se erige como supervisor de las acciones que encamine el Estado dominicano para regularizar su sistema migratorio y fijar alcance de su nacionalidad, por lo que cada vez que un afectado por esa sentencia considere que se violentan sus derechos acudirá al consulado haitiano en vez de los tribunales de amparo de la República.

¿Por qué un convenio de esa naturaleza, que debió tener la calidad de Acuerdo de Intención firmado en el marco de la Comisión Mixta Domínico Haitiana, se le concedió categoría superior, al firmarlo el ministro de la Presidencia, en vez del titular interino de la Cancillería? Por ese camino no se llega a Roma.