Por: Joseph Caceres
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El año 2019 se promulgó en la República Dominicana la Ley No. 340-19, mediante la cual se establece un régimen de incentivos para el desarrollo cultural y mecenazgo en nuestro país.
Dos años después se emitió el Decreto No. 558-21, con el Reglamento de Aplicación de la referida Ley, el cual completa y complementa el marco jurídico y procedimientos para su aplicación.
Eso se logró luego de un largo proceso de discusiones en el congreso, de la que muchos de los que serían beneficiados se mantuvieron al margen.
El caso es que luego de la aprobación de la Ley y su reglamento, nada ha sucedido ni se ha visto en torno a la misma.
Se dirá que ha sido consecuencia de la pandemia, la excusa perfecta para la inanición, pero pese a ello, y sin que haya sido el resultado de la referida Ley, que aparenta estar natimuerta, hemos visto como las actividades artísticas se han incrementado de una manera sorprendente.
Pero, es una lástima que ni siquiera la gente del sector artístico se preocupe por la entrada en vigencia de la Ley 340-19, con tantos beneficios que la misma establece para el sector.
Pregúntele a cualquier artista o promotor artístico qué contempla la misma, y es probable que ni siquiera sepa de qué le están hablando.
Pero sí están muy preparados para esperar las llamadas “fiestas populares” que organizaba el pasado gobierno en Navidad, o los repartos de millones que dispuso el Gabinete Social del actual gobierno el año antepasado.
Pedir y reclamar ayuda es lo que saben, en su mayoría, incluyendo el sindicado AMUCABA.
Nada saben de qué la Ley tiene como objetivos principales: Estimular la preparación de profesionales en materia de creación artística, gestión, gerencia y administración de proyectos en el sector cultural; fomentar el coleccionismo público y privado de objetos u obras de arte; incentivar donaciones económicas para programas sin fines de lucro con foco cultural; estimular el patrocinio de proyectos de investigación académica, científica y cultural; promover las artes y artesanía nacional; promover la preservación de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio cultural del país.
Establece un régimen de incentivos fiscales para estimular y fomentar el desarrollo cultural y mecenazgo así como beneficios para donantes y patrocinadores de proyectos. La exención del Impuesto sobre la Renta a proyectos que hayan sido declarados de interés cultural por las autoridades competentes creadas por la misma Ley.
