Válido y oportuno es el llamado que ha hecho el jefe de la misión de observadores de la organización de Estados Americanos (OEA), Tabaré Vásquez, para que los dominicanos acudan a las urnas el domingo con una alta cultura cívica de respeto y tolerancia, exhortación que resulta válida para candidatos y partidos en lo concerniente a respetar el derecho ciudadano a sufragar libremente.

El también ex presidente de Uruguay ha dicho que la observación de la OEA ha comprobado que el proceso electoral se desarrolla con calma y tranquilidad, por lo que también es menester que la clase política mantenga compostura para que ese manto de sosiego alcance para garantizar votaciones masivas y absolutamente transparentes.

Se requiere que la Junta Central Electoral (JCE) acelere el paso para que al término formal de la jornada proselitista se despejen denuncias en torno a posibles o eventuales irregularidades que ocurrirían antes, durante o al término de los sufragios, como serían supuesta compra de votos o acciones de intimidación a los votantes.

Algunas dudas han sido ya aclaradas como el señalamiento de que los electores pueden sufragar con sus cédulas vencidas y de que la falta de firma por algún miembro del colegio electoral no invalida el acta de elecciones, pero se requiere aplicar medidas de prevención para vedar compra de cédulas o que se ejerza intolerancia o violencia dentro o fuera de los recintos electorales.

La parte in fine del artículo 208 de la Constitución de la República establece que el voto es personal, libre, discreto y secreto y que nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto, por lo que JCE, candidatos y partidos están obligados a respetar y garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional.

Permítase que la JCE realice su labor de organizar y dirigir las asambleas electorales sin consabidas presiones de poderes públicos, de partidos o entes corporativos, toda vez que cualquier situación de carácter contencioso que surja de los resultados electorales puede ser elevada por ante el tribunal Superior Electoral, órgano constitucional competente para juzgar y decidir con carácter definitivo.

Los activistas políticos deben tener presentes que la Junta Electoral, por vía de la directiva de los Colegios Electorales, tiene control absoluto de los recintos de votación y de un perímetro adyacente de cincuenta metros cuadrados, vedado para realizar tardías gestiones de conseguir adhesiones de votantes.

Los candidatos presidenciales y los partidos que han sostenido su postulación han de comprender que el domingo en la noche, por vía de boletines que emita la JCE se determinará un solo ganador y, por consiguiente el resto de los competidores tendrá que asumir y respetar ese designio. Así de sencillo.