El presidente Luis Abinader ha hecho lo que le corresponde como mandatario al otorgar mandato expreso a un grupo de abogados para que representen al Estado en los procesos judiciales y acciones legales necesarias para recuperar bienes, fondos y valores que hayan sido distraídos del patrimonio público.

No se trata de ninguna cruzada con encomienda de remover cielo y tierra para recobrar tesoros robados, sino la contratación de profesionales del derecho para que actúen en representación del Estado y reclamen en cualquier escenario jurídico, contencioso o administrativo la devolución de activos extraviados o conculcados.

El Presidente obedece un mandato de la Constitución, de los Códigos Penal y Procesal Penal que instituyen su obligación de custodiar y defender el patrimonio público y de garantizar que el Estado se constituya en parte civil en audiencias sobre ilícitos penales o encamine diligencias ante instancias judiciales contra personas físicas o morales que distraen bienes o valores públicos.

Se resalta el interés del Ejecutivo en que esas acciones procesales, jurídicas y contenciosas alcancen su objetivo, a lo que se atribuye que las haya declarado de interés nacional, aunque debe subrayarse que en sentido estrictamente técnico y legal, el mandatario ha cumplido con la ley, sin que esa iniciativa se interprete como el fin de los tiempos.

Al amparo de ese decreto, los abogados apoderados pueden intervenir en procesos penales ya iniciados por el Ministerio Público, presentar demandas y querellas, actuar por vía directa ante los tribunales, recabar información sobre valores y bienes ante instituciones de intermediación financiera, jurisdicción inmobiliaria o cualquier otra instancia litigante o contenciosa.

El gobierno del presidente Antonio Guzmán (1978-1982) emprendió gestiones legales para recuperar bienes públicos sustraídos por funcionarios de la Administración saliente, muchos de los cuales devolvieron voluntariamente equipos, cuadros, vehículos, mobiliarios y otros bienes, lo que podría repetirse si alguien considera que debe restituir lo que no es suyo antes de que le toquen la puerta.

El consultor jurídico y los abogados actuantes deben saber que poseen un poder y un mandato del Estado otorgado por el presidente de la República para que actúen con firmeza y determinación, pero siempre conforme a la ley y el derecho, sin llegar a creerse que forman parte de ningún escuadrón o policía judicial.