Una misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) arribará a Santo Domingo el 2 de diciembre dizque con la encomienda de exigir al Gobierno dominicano que suspenda la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que fija el alcance de la nacionalidad.

La CIDH, un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado de antemano un severo prejuicio contra el fallo del órgano de control constitucional, al considerar que despojaría de manera retroactiva de su nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.

Ese juicio de valor, asumido sin escuchar o atender las consideraciones contenidas en la misma sentencia ni los argumentos que han expuesto las autoridades locales, consolida el temor de que esa misión de la OEA vendría con ínfula imperial a lacerar sagradas prerrogativas del Estado dominicano relacionadas con el pleno ejercicio de su soberanía.

Sin consultar ni convocar a representantes del Gobierno, esa Comisión proclamó que la decisión del Tribunal Constitucional “va en sentido contrario” a todos sus pronunciamientos y que además “viola las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Es obvio que los comisionados de la CIDH vendrán con un garrote.

Aunque el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunció la visita de una misión de siete integrantes de ese organismo, es importante señalar que esa gente viene por invitación expresa del Gobierno dominicano, que ha dicho y reiterado que aplicará la referida sentencia con estricto apego a los derechos humanos.

Esa sentencia ha sido emitida por el órgano jurisdiccional a cargo de la interpretación, custodia y vigilancia de la Constitución de la República, cuyas decisiones tienen carácter de irrevocable y reflejan la voluntad soberana, institucional y libérrima del Estado dominicano.

Ningún ente supranacional tiene calidad para invalidar o anular una decisión dictada por cualquiera de las Altas Cortes, aunque sí de cuestionar si afecta normativas de tratados internacionales relacionados con derechos inalienables, sin incurrir en intervención o de injerencia.

Es por eso que se advierte a esos comisionados que la misión debe limitarse a levantar informaciones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, sin incurrir en ningún tipo de humillación ni pretender vulnerar el irrenunciable principio de soberanía, porque esta es una República que respeta para que la respeten.