Más de 834,113 motociclistas fueron fiscalizados durante 2025 por violaciones a la Ley 63-17, en operativos realizados en todo el país por agentes de tránsito. Sin embargo, la cifra abre interrogantes sobre el alcance real de estas acciones frente al tamaño del parque de motocicletas y la cantidad de conductores que operan fuera del sistema.
De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), durante el mismo período fueron retenidas 81,107 motocicletas por distintas infracciones, en medio de esfuerzos por contener conductas de riesgo en las vías públicas.
Las fiscalizaciones responden a faltas recurrentes como la circulación sin casco, el tránsito por aceras y elevados, el uso de motocicletas sin luces, la carencia de documentos y la participación en carreras ilegales.
No obstante, las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) indican que, hasta marzo de 2025, en el país circulan alrededor de 3.5 millones de motocicletas, lo que representa el 57 % del parque vehicular.
La comparación de ambas cifras sugiere que solo una parte de los motociclistas es alcanzada por los operativos, lo que deja abierta la pregunta sobre cuántos conductores quedan fuera de la fiscalización efectiva.
A esto se suma que, según estimaciones de expertos, más de dos millones de usuarios operan al margen de los registros oficiales, pese a los intentos de regularización impulsados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
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Especialistas advierten que esta realidad no solo dificulta la aplicación de la ley, sino que también incide en el desorden vial, la saturación del tránsito y el aumento de accidentes, en un contexto donde los motociclistas figuran entre los más vulnerables en siniestros de tránsito.
Aunque las autoridades mantienen operativos permanentes, el reto sigue siendo ampliar el alcance de la fiscalización y lograr que una mayor proporción de conductores cumpla con las normas establecidas.
