Medios de comunicación están compelidos a advertir a la población, tal y como lo solicita el presidente Danilo Medina, sobre el riesgo que significa realizar llamadas molestosas al Sistema de Emergencias 911, pero hace falta también que fiscales y jueces persigan y castiguen a quienes incurren en ese acto de incivilidad.

Con toda razón, el mandatario ha señalado que esas llamadas falsas van a impedir cualquier día que se acuda en auxilio de personas que realmente lo necesiten, por lo que se requiere que además de la advertencia se proceda a sancionar a los irresponsables.

Más de 61 mil llamadas impertinentes se realizaron al 911, en apenas cuatro días, lo que representó el 73% de todas las recibidas por ese sistema de emergencia, motivo de indignación y vergüenza para toda la sociedad, que se sabe infectada por tantos antisociales.

Si no se afronta con rápida, firme y eficiente respuesta educativa y jurídica esa bochornosa práctica, las llamadas molestosas al 911 ascenderían a cuestión de semanas a cientos de miles, lo que colocaría a ese vital servicio público al borde del colapso.

Es por eso que ante la magnitud del problema, el presidente Medina ha exclamado a los medios de comunicación ¡Ayúdennos! a advertir sobre lo nocivo que resulta realizar esas llamadas telefónicas insanas y abusivas, pero sería muy útil si el Ministerio Público somete a la justicia a todos los infractores.

¿Cómo es posible que se permita que desde un mismo número telefónico se realicen hasta 300 llamadas molestosas al 911? ¿Es que acaso esta es una sociedad dominada por el salvajismo, donde no opera la ley ni la sanción penal?

Debe advertirse también que los mayores deben responder ante la justicia por daños causados por los menores, por lo que resultan invalidas las excusas que apuntan a señalar que hijos usaron irresponsablemente el teléfono para mofarse de los operadores del Servicio de Emergencias.

Con la reiterada advertencia de que ningún ciudadano debe realizar llamadas molestosas o impertinentes al 911, se atiende el pedido presidencial de ayudar a las autoridades a evitarlas, pero se insiste en la necesidad de que los violadores de la ley sean perseguidos y castigados como tales.