Tal vez por primera vez en su historia en varios países de la región la población se ha levantado contra el fantasma de la corrupción, uno de los males que más ha lastrado su desarrollo. La solicitud de juicio contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de encabezar una mafia de defraudación fiscal, constituye el último capítulo de una cadena de imputaciones contra funcionarios, exfuncionarios y empresarios que se habrían beneficiado del ejercicio del poder.
Antes que se solicitara enjuiciar a Pérez Molina, los escándalos más sonoros son los protagonizados por las presidentas Dilma Rousseff, de Brasil, y Cristina Fernández, Argentina. Si bien ninguna de las dos ha sido imputada, desde hace tiempo han estado en el centro de ruidosas tormentas mediáticas que han ensombrecido sus gestiones.

Empresas de Fernández son investigadas sospechosas de beneficiarse de contratos amañados con el Estado y Dilma ha tenido que sortear multitudinarias protestas para que renuncie por el caso Petrobas. A causa de la tormenta, en Brasil han sido formalmente imputados por corrupción el senador y expresidente Fernando Collor de Melo y el presidente de la Cámara Alta. Los presidentes de los grandes consorcios de la construcción Odebrecht y Andrade Gutiérrez están en prisión y el carismático exgobernante y mentor de la actual mandataria, Lula da Silva, está a un tris de ser interrogado por tráfico de influencias.

Los guatemaltecos han tomado las calles en diferentes ocasiones para demandar la renuncia del presidente Pérez Molina. Ya la vicepresidenta Roxana Baldetti había tenido que dejar el puesto en medio de profusas denuncias que la vinculaban con una red de corrupción que habría sido detectada en las aduanas. Baldetti, a quien incautaron tres inmuebles y una cuenta con 770 mil dólares cuya procedencia no pudo justificar, había sido detenida horas antes de que la Fiscalía General acusara al mandatario de asociación ilícita y cohecho pasivo. Al menos en Guatemala ha sido clave en la elaboración del expediente el papel jugado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, una dependencia de las Naciones Unidas (ONU), y la independencia del Poder Judicial.

Quizás no haya que hacerse mayores expectativas sobre el desenlace de las investigaciones y los procesos contra la corrupción en la Administración Pública. Pero los casos que han saltado sobre el tapete representan una saludable señal de que la población toma cada vez más conciencia de la necesidad de combatir un fenómeno que está en la raíz del atraso social y económico de estos países. Y para que quienes detentan el poder pongan sus barbas en remojo, porque la justicia puede tardar, como en efecto ha ocurrido, pero un día llega.