Me agradó ver un titular en la prensa anunciando que, en este enero, el Estado gastó 13 % menos que en enero/2025. Siempre he creído en las ventajas de controlar los gastos públicos; sobre todo si se trata de los “corrientes”. Siendo así, me propuse conocer el detalle de esa reducción.

Mi sorpresa fue mayor cuando descubrí al leer en el texto de la noticia que, la disminución se produjo en el ámbito de los gastos corrientes (los no reproductivos). En cambio, el gasto de capital aumentó alrededor del 35%, comparado con lo gastado en enero/2025. Asumiendo siempre la veracidad de los datos que motivan la noticia precitada.

Aprovecho para comentar que la tradición deficitaria de nuestro Presupuesto General del Estado (PGE), obedece en gran medida, a dos vicios proselitistas degradantes: clientelismo y populismo. Además, claro está, y en una dimensión mayor, los intereses sobre las deudas (interna y externa).

A mi modo de ver, la supresión de gastos superfluos como los descritos en el párrafo anterior, contribuiría positivamente a la reducción del déficit presupuestario, y, en consecuencia, la necesidad de endeudar al país se reduciría. Esto se escribe fácil y suena bonito, pero la práctica demanda supervisión y control permanente de la ejecución presupuestaria en las instituciones públicas.

Como se puede observar, se trata de una labor conjunta de los órganos de control y fiscalización de los fondos públicos. Es decir: “Congreso Nacional, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos por las leyes.” Así lo establece la Constitución.

Si cada funcionario público electo y/o designado, ejecuta su papel y solo su papel, con criterio ético y responsable, es muy seguro que el país, retomaría la ruta de crecimiento y desarrollo que otrora ostentábamos. Unámonos en ese propósito y el triunfo será nuestro