Una instancia fue sometida al Tribunal Superior Administrativo (TSA) para pedir medidas cautelares y pedir a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) suspender el uso del nombre comercial “Uber”, entregado ilegalmente a terceras personas en violación a la Seguridad Jurídica y al Derecho de Propiedad Industrial, sostiene la instancia.
Juan José Peña Martínez y Willys Ramírez Díaz, abogados de la sociedad Uber Taxi, dicen que la imposición de medidas cautelares de la TSA, se notificó a ONAPI mediante acto de alguacil No. 06/2016 del protocolo del ministerial Luis Toribio, ordinario de la Tercera Sala del TSA.
Precisan que la operación ilegal de Uber en el país afecta a más de 37 mil taxistas que vienen trabajando regulados por la Ley 76-00 del 19 de septiembre de 2000.
