La instauración de la cadena perpetua como forma de contener el auge de la criminalidad ha sido reclamo durante muchos años de amplios sectores de la sociedad que siempre colisiona con el criterio de moderación que expresa el legislador en todo lo referido al sistema de sanción y cumplimiento de la pena.

Esta vez, el candidato presidencial doctor Guillermo Moreno sugiere aplicar prisión a perpetuidad a los culpables de feminicidio, un tipo de asesinato que considera se ha convertido en epidemia criminal, figura que requeriría ser insertada en el Código Penal.

En lo que va de año, más de veinte mujeres han muerto a manos de maridos, ex esposos o pretendientes y en los últimos seis años se han perpetrado mil 353 feminicidios, un promedio de uno cada 45 horas.

Sobran las razones para que el Poder Legislativo instaure la cadena perpetua como pena máxima para inculpados en ese tipo de homicidio, cuya prevención ha de incluir también elevadas dosis de educación y atención especial del Estado a la problemática de la familia y la pareja.

Quienes objetan la aplicación de tan drástica figura señalan que en otras naciones donde está vigente la cadena perpetua también se registran altos índices de feminicidios, pero otros creen que debe incluirse también la pena de muerte como forma de frenar en seco ese flagelo.

A lo que se aspira es que confluya una firme y armónica combinación de todos los remedios preventivos y de persecución penal que procure disminuir a su mínima expresión la comisión de feminicidios o de cualquier forma de agresión física o moral contra la mujer.

Es menester que la sociedad asuma como cuestión prioritaria el fortalecimiento de la institución familiar por vía de efectivas políticas de inserción social, mayores recursos a la educación, programas que permitan acceso al empleo digno, a la salud y a la vivienda, como forma también de desalentar la violencia contra la mujer.

La cadena perpetua debería ser considerada para incluirse en el sistema de sanciones penales referidas no solo al feminicidio, sino también para ser aplicada contra acusados de prevaricación, estupro, trata de blanca, narcotráfico y otros crímenes agravados. La pena de muerte sería el próximo paso.