Los abogados Carlos Salcedo, Antoliano Peralta, Gustavo de los Santos y Thiaggo Marrero Peralta, miembros de la barra de la defensa del ex senador Andrés Bautista García, calificaron hoy de política y apartada de la Justicia la decisión del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, de enviar a su defendido a juicio de fondo por el caso Odebrecht.
Los abogados del expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hablaron en rueda de prensa y afirmaron que la resolución de Ortega Polanco, emitida el 21 de este mes, “ distorsiona y le pone pinzas y tenazas al derecho para no hacer justicia”.
El dirigente opositor está acusado de introducir más de $1,800 millones al sistema bancario dominicano con el propósito de lavar y ocultar activos ilícitos obtenidos mediante soborno a la empresa brasileña Odebrecht en perjucio del Estado dominicano.
A juicio de los referidos abogados, en la resolución el magistrado Ortega Polanco se limitó a validar la “irresponsable” acusación del Ministerio Público de que Andrés Bautista falsificó sus declaraciones juradas de 2003 y 2006.
En tal sentido precisaron esa resolución “aniquila el derecho de defensa y elimina la litigiosidad o contradicción que caracteriza al sistema acusatorio instaurado en el Código Procesal Penal”.
“Para el juez Ortega, no hubo dos partes en el proceso, no hubo contradicción alguna de argumentos, solamente hubo una versión de los hechos y un solo legajo probatorio, el del Ministerio Público, el cual santificó”, afirmaron.
Asimismo, consideraron que el juez rehuyó de su responsabilidad como juez y simplemente convirtió la audiencia preliminar en un trámite de validación automático de las pretensiones del Ministerio Público y su acusación.
“En otras palabras, el juez Ortega Polanco obró como una máquina dispensadora del Ministerio Público, confundiendo su papel con este y violando con ello el principio de separación de funciones”, indicaron.
“El juez Ortega Polanco solo se limitó a pegarle el sello a una acusación atropellada en los hechos y en derecho, carente de pruebas válidas y pertinentes”, dijeron.
