Por enésima ocasión el Ministerio de Medio Ambiente ha ordenado la militarización y el desalojo de los invasores de las dunas de Baní.

La decisión es importante para proteger el parque natural, pero la medida debe acompañarse de una investigación para establecer responsabilidades sobre la construcción de casas y la apropiación de terrenos.

Con las distintas militarizaciones que se han anunciado, tal parece que no se han cumplido o que existe algún tipo de complicidad con las ocupaciones del santuario de arena.

Las construcciones se levantan no sólo en las narices de las autoridades, sino a la vista de todos.

Para más inquietud, residentes en casuchas levantadas en el parque natural han diezmado la población de iguanas rinocerontes, una especie nativa. Además de viviendas de materiales frágiles, Listín Diario ha dado cuenta en un reportaje de que han cercado solares con verjas de cemento y portones metálicos.

Es difícil aceptar que violaciones atentatorias contra la ecología, aparentemente ilegales, puedan cometerse sin algún tipo de complicidad.

Entonces, además de una jornada para recuperar los espacios se impone una exhaustiva investigación para aclarar las extrañas ocupaciones y depredaciones que amenazan a las dunas de Baní.