Sin ningún aviso previo ni formalidades legales, ya se sienten con inusitada fuerza los vientos de una adelantada campana electoral cuya fuerza y velocidad aumentan de manera sostenida sin que alcance tiempo para que la población pueda guarecerse ante sus movimientos erráticos y destructivos.
El epicentro de ese ventarrón proselitista se ubica en el litoral del partido oficial donde parece que confluyen todos los vientos divergentes con posibilidad de consolidar algún tipo de huracán político de categoría mayor.
Aunque el edificio de la economía nacional luce fortalecido por previsible crecimiento este año del Producto Interno Bruto (PIB) de 5,5%, sus débiles estructuras no soportarían un fenómeno político que dañe áreas básicas que sostienen la institucionalidad, inversión, turismo, producción y productividad.
Ese ciclón político que se avizora fuera del periodo legal de campana electoral incrementaría se capacidad destructiva alimentado por un áspero debate en torno a la pertinencia o no de la reelección del presidente Danilo Medina, porque sus vientos huracanados cubrirían casi todo el mapa político.
La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas no parece un instrumento fuerte o útil que pueda servir para disminuir la intensidad de esa tormenta en cierne que podría agrietar hasta al propio templo de la Constitución de la República, que no ha sido blindado debidamente ante fenómenos de esa naturaleza.
La Junta Central Electoral (JCE) tiene el compromiso de advertir al Gobierno y al partido oficialista sobre la posibilidad de que esos vientos internos se incrementen y provoquen una tempestad que cause grave deterioro a la estructura económica y a la arboleda social.
Aunque el Presidente anunció que lo relacionado con un posible anuncio de huracán se pospondría para el mes de marzo de 2019, ya se sienten vientos de tormenta que parecen formarse al interior del partido oficial.
A lo que se aspira es a que el tribunal de elecciones y las altas cortes divulguen y apliquen las cartillas de protocolo preventivo para que cualquier flujo de vientos anormales no afecte de manera significativa los edificios de la institucionalidad, de la economía ni a la arboleda social.
