¡Caramba!

Faltan palabras para poder describir el estado de indefensión que padece la  población ante la irrefrenable espiral de delincuencia que incluye asesinatos, atracos, secuestros, violaciones y feminicidios, al punto que la gente ya no se siente segura ni siquiera encerrada en su propio hogar.
Bonao constituye el mejor ejemplo del drama de la violencia delincuencial, pues  esa comarca, donde opera  más de una docena de bandas criminales, ha sido virtualmente secuestrada por el crimen, con los asesinatos de al menos 25 personas en lo que va de año a manos  de delincuentes.
Sin incurrir en exageración, puede decirse que  a causa del incremento de la delincuencia, en la mayoría de los barrios populares y sectores residenciales se decreta un virtual toque de queda, pues los ciudadanos temen salir de sus casas por temor a ser atracados o asesinados.
A ese fatal ambiente de inseguridad ciudadana se agrega el flagelo de los feminicidios, con reportes de seis mujeres asesinadas por maridos o pretendientes en menos de 24 horas. Una infeliz mujer tuvo que refugiarse en la misma sede de la Fiscalía para evitar que  su marido la asesinase.
La criminalidad ha tomado posesión también de  los   barrios y sectores residenciales donde los vecinos no se atreven a mudar un paso sin el temor de sufrir un asalto o atraco y hasta perder la vida a manos de bandas de antisociales.
No se exagera  si se afirma que la delincuencia  ha desbordado ya todos los parámetros y que hoy la población está acorralada  y temerosa, porque  Policía, Ministerio Público ni jueces  parecen  tener  capacidad o voluntad de frenarla.
Decenas de bandas de adolescentes operan  en  el Gran Santo Domingo y  ciudades de provincias con aparente licencia para matar, secuestrar, violar, robar, sin que  las autoridades puedan apelar a un Código Penal para impedir sus tropelías, porque para la ley esos delincuentes son “menores en conflicto con la ley”.
Si  el Gobierno, Congreso, Justicia, Policía y Ministerio Público insisten en  cultivar irresponsabilidad y cobardía, parece cercano el momento cuando los ciudadanos se obliguen a instituir su propia defensa contra  la delincuencia,  en  el  entendido de que  el derecho a la  vida es inalienable.