CARTA DE LOS LECTORES

Colectiva, Mujer y Salud
(II)
Señor director:
Recordemos el rol protagónico jugado por el Cardenal en la apología y defensa de todas las formas de extremismo de derechas, como la sentencia 168-13 y el programa de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana, los asesinatos extrajudiciales perpetrados por la policía contra delincuentes de clase baja, y la prohibición del aborto terapéutico y la educación sexual escolar, entre otras.

El affair Grimaldi retrata de cuerpo entero la impotencia del Estado dominicano ante el poder político descontrolado de la Iglesia, que por momentos actúa como un Estado paralelo cuya autoridad nadie se atreve a cuestionar. Por eso, mientras los representantes del Estado dominicano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirman la política de protección de los derechos ciudadanos de las personas LGTB, su embajador ante la Santa Sede se burla del matrimonio de Brewster y lo acusa de conspirar contra el Cardenal, para luego declararse en rebelión contra la autoridad estatal que lo desautoriza.

¿Cómo es que hechos tan graves como la insubordinación cum pataleta de Grimaldi no merecieron su inmediata cancelación? ¿Por qué nuestro embajador ante la Santa Sede se atreve a llegar a esos extremos, sin aparentemente tener que temer por su cargo?.

¿Seguirán los obispos dominicanos protegiendo y encubriendo pederastas con sotana sin que la autoridad judicial haga más que agradecer hipócritamente su “colaboración”? ¿Mantendrán las autoridades su actitud pusilánime frente al tema de la educación sexual escolar a pesar de las elevadísimas tasas de embarazo adolescente, que atentan contra el desarrollo socio-económico del país? ¿Seguiremos siendo uno de solo seis países en el mundo que penalizan el aborto terapéutico, aún constituyendo esto una gravísima violación de derechos humanos?.
Este ejercicio de poder sin cortapisas por parte de la Iglesia católica es una amenaza grave a la democracia dominicana y su frágil institucionalidad. No podemos aspirar a un país más justo, más desarrollado, más respetuoso de los derechos humanos, sin una separación real del poder estatal y el eclesiástico. Empecemos por la derogación del Concordato, condición imprescindible para la vigencia real del Estado laico.

Colectiva Mujer y Salud