Santo Domingo.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, enviar a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; al empresario José Ángel Gómez Canaán «Jochi Gómez«, propietario de la empresa Aurix, y a otros implicados en el presunto caso de corrupción.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la República Dominicana informó que cuenta con pruebas “contundentes y conformes a derecho”, suficientes para que el proceso avance a la siguiente etapa procesal.

Además de Beras y Gómez Canaán, también están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de esa institución.

Más implicados en el caso

El expediente incluye igualmente a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.

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A la acusación también fueron incorporados Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

En el proceso figuran además varias personas jurídicas, entre ellas las empresas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Investigación del Ministerio Público

La acusación fue presentada por la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, junto a Héctor García Acevedo, procurador general de Corte de Apelación, y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Feliz y Enmanuel Ramírez.

El Ministerio Público sostiene que posee pruebas sobre la existencia de varias líneas delictivas, entre ellas corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructuras críticas y lavado de activos.

Según la acusación, estas irregularidades se habrían desarrollado principalmente a través del Intrant y del Ministerio de Defensa de la República Dominicana.