La horrenda muerte de la joven de 23 años de edad Paula Santana, ocurrida en febrero de este año, se erige como una afrenta y un desafío al Ministerio Público, la Policía y el sistema judicial. Ese crimen, que tanta conmoción causó, jamás debería integrar la infame galería de sucesos impunes que tanta indignación y desconfianza han creado en la sociedad. Si se ha dejado de creer en la justicia se debe en gran medida a la ausencia de castigo, por las razones que fueren, frente a crímenes y abusos, entre los que figuran la corrupción, para encubrir a los responsables.

Sería prolijo un recuento de los casos ocurridos últimamente que no se han aclarado. Basta citar, a manera de ejemplo, la muerte de tres militares en una cabaña de Haina durante un supuesto intercambio de disparos con agentes del Dicrim. Aunque un vídeo muestra a los militares cuando eran transportados vivos en una camioneta de la Policía, de la investigación que se ordenó no se conocen los resultados. Como tampoco se sabe en qué quedó la pesquisa sobre la corrupción y los abusos que se denunciaron en el centro de retención de vehículos en el antiguo canódromo.

Después de detectarse un centro tecnológico clandestino en el penal de La Victoria, en el recinto ocurrió el incendio donde murieron 13 reclusos, de los cuales algunos ni siquiera fueron identificados. Las investigaciones en uno y otro caso no arrojaron, al menos que se sepa, ningún resultado. El misterio o la burla, como en otros escándalos que indignan y avergüenzan, ha rodeado las pesquisas.

La horrenda muerte de Paula puede quedar sin aclararse si la población no se empodera en reclamo de justicia. El curso que lleva la investigación, de la cual el presidente Luis Abinader encargó a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y a dos oficiales superiores de la Policía, crea mucha preocupación. Distintos crímenes, incluso mucho más complejos, han sido aclarados en el menor tiempo, pero en cuanto al asesinato de Paula el misterio se ha impuesto.

Al no llegar a su residencia después de terminar las labores en la madrugada en una empresa de zona franca de la autopista Las Américas, los familiares dieron la voz de alerta. No pasó mucho tiempo para que dos compañeros de trabajo encontraran el cadáver en una alcantarilla, con brutales signos de violencia.

En unas de esas acciones que se prestan a sospechas el Ministerio Público detuvo y solicitó prisión preventiva contra los compañeros que encontraron los restos, a los que acusó de torturarla, violarla y asesinarla, pero tiempo después ¡oh ironía de la vida! solicitó la excarcelación de los imputados y el archivo de la investigación por supuestas falta de pruebas. Y a la fecha nada se sabe.