El proyecto de ley de armas, aprobado ayer de urgencia en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados, establece el cierre y multa de hasta 10 salarios mínimos al dueño del colmadón, restaurante o establecimiento que permita a una persona exhibir un arma de fuego, sin importar que este tenga el permiso correspondiente.

El autor de la pieza, el diputado reformista Víctor Bisonó Haza, explicó que al propietario del arma también se le impondrá una multa igual que al dueño del centro, que oscila entre tres a 10 salarios mínimos, con lo que se busca evitar el exhibicionismo de armas.

El cierre por primera vez será por un determinado período que decidirá el juez y sería definitivo si se vuelve a reincidir, indicó.
Además, que su iniciativa establece prisión preventiva para todo el que porte un arma en forma ilegal.

Bisonó Haza explicó que la Ley 36 de Armas que está vigente no establece prisión, sino confiscación del arma y algunas disposiciones administrativas de la Procuraduría General de la República, que generalmente se caen cuando van a un tribunal.

Agravante

Cuando el arma ilegal que se ocupa es de guerra la situación se le agrava a la persona, porque las penas oscilan entre los tres y siete años de prisión, declaró Ito Bisonó. Censuró que sin necesidad, por exhibicionismo y tratar de amedrentar a los demás, personas tengan en su poder armas de guerra.

Delitos

El proyecto de ley de armas y municiones del legislador reformista, que pasará ahora para su conocimiento al Senado, advierte al ciudadano que cuando se le pierda o extravíe un arma de fuego, debe notificarlo a más tardar a las 24 horas siguientes, porque de no hacerlo, si otra persona comete un delito tres días después con esa arma, se le considerará como cómplice del hecho.

Endurece requisitos

El diputado Bisonó Haza dijo que el permiso de armas se otorgará a las personas que realmente lo necesiten y para eso se han endurecido los requisitos para el porte.

Entre esos requisitos citas el depósito por parte del solicitante de la presentación de los documentos que avalen su liquidación de impuestos y certificado médico mental hecho por un especialista de la conducta.

Hatuey

La Cámara de Diputados aprobó a unanimidad un reconocimiento al licenciado Hatuey De Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), por sus aportes en la lucha política para la consolidación de la democracia en la República Dominicana.

La iniciativa del diputado del PLD, Radhamés Camacho, destaca la trayectoria de De Camps desde dirigente estudiantil universitario que luchó por un mayor presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), su paso como presidente de la Cámara de Diputados, ministro de la Presidencia en el período 1982-86, así como su militancia en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), del que fue su secretario general y presidente.

Además, que le tocó organizar los funerales del mayor líder de masas de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez a los que asistieron destacados líderes de la política mundial.

Tratado extradición

La Cámara de Diputados ratificó ayer el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y la República Dominicana que sustituye al acordado en 1910. Había sido ratificado por el Senado.

La iniciativa se aprobó horas después que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, visitara al titular de los diputados, Abel Martínez Durán y le explicara la necesidad de la sanción de ese convenio.

Domínguez Brito declaró que el Tratado permitirá una mayor persecución penal de aquellos ciudadanos que cometen delitos tratan de evadir la pena escapando de las jurisdicciones donde cometen los delitos. Sostuvo que este convenio representa un avance en la lucha contra el crimen organizado.

UN APUNTE

Investigar denuncia

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, favoreció que se investigue la denuncia del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de que personas que habrían sido ligadas en acciones del narcotráfico, fueron electas como diputados en las pasadas elecciones del 15 de mayo. Entiende que esa es una situación grave y que los partidos deben conocer el historial de sus postulados para que esa situación no ocurra.