El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) en Valverde, doctor Juan Carlos Santos, salió en defensa de cuatro médicas arrestadas este viernes, acusadas de firmar actas de defunción falsas dentro de un entramado delictivo encabezado por un particular.

Santos aseguró que las profesionales fueron “sorprendidas en su buena fe” y que firmaron documentos sin conocer el verdadero propósito de los mismos.

“Se cometen errores cuando son profesionales que no tienen ningún tipo de experiencia”, señaló el presidente del CMD al destacar que tres de las detenidas son pasantes y una médico asistente.

Las doctoras identificadas son Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez. El dirigente gremial calificó como una “desconsideración” el manejo de las autoridades y advirtió que el gremio se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos de las imputadas durante el proceso judicial.

La trama y los acusados

El caso también involucra a la alcaldesa pedánea Yluminada Altagracia Uceta y al principal señalado como cabecilla, Máximo Mendoza, a quien la Oficina de Atención Permanente de Mao impuso tres meses de prisión preventiva y cuyo proceso fue declarado complejo.

Según el Ministerio Público, Mendoza se dedicaba a falsificar registros de defunción en complicidad con médicos en pasantía sin exequátur, con el objetivo de declarar muertas a personas vivas que tenían deudas pendientes. Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de 2025 en la provincia Valverde.

La investigación revela que las víctimas eran personas en condición de vulnerabilidad que recibían programas de asistencia social del Estado por un valor mensual de RD$2,100. El imputado les ofrecía préstamos entre RD$5,000 y RD$15,000, quedándose con sus tarjetas de subsidios como garantía. Cuando no lograba cobrar, simulaba la muerte de los beneficiarios para cerrar las deudas.

Hasta el momento se han identificado seis víctimas, cinco de las cuales fueron registradas como fallecidas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral (JCE), mientras que una sexta quedó asentada únicamente en el Ministerio de Salud.

Estrategia y evidencias

El Ministerio Público explicó que Mendoza acudía a distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanza, haciéndose pasar por familiar directo de las supuestas víctimas —ya fuera primo, esposo o tío— para gestionar los certificados de defunción. Posteriormente, completaba los registros en oficialías civiles.

La fiscal Esther María González Peguero, representante de la JCE, y el fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejía, llevan el caso. El proceso cuenta además con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la JCE.

Tipificación legal

El grupo enfrenta cargos por falsificación y uso fraudulento de documentos públicos, en violación a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.

El Ministerio Público solicitó la declaratoria de caso complejo para las médicas, la alcaldesa pedánea y el principal imputado, lo que permitirá ampliar los plazos de investigación.