Extinción de dominio.-
A propósito del caso de César Emilio Peralta (César el Abusador), el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, ha vuelto a tañer la campana sobre la necesidad de aprobar el proyecto de ley de extinción de dominio.
De existir la legislación es posible que personas como Peralta no acumulasen la cuantiosa fortuna que se le atribuye a través de la corrupción y el crimen organizado. A pesar del daño del narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y el enriquecimiento ilícito, Castaños Guzmán se ha quedado prácticamente solo en el reclamo de que se apruebe el proyecto de extinción de dominio.
Y sin un coro estridente y permanente la Cámara de Diputados se hace la desentendida.
Entre las razones que expone Castaños Guzmán están que las actividades ilícitas “generan cuantiosas utilidades, que permiten a las redes criminales y de corrupción lograr riquezas exorbitantes, aumentando así su capacidad de alcanzar el poder político y/o permear el aparato gubernamental”.
Los motivos no pueden ser más válidos para que el país cuente con una legislación más eficaz contra el crimen organizado y la corrupción.
