Las pruebas sobre la supuesta mafia en el negocio de los combustibles que dijo presentará el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) no deben ser únicamente para edificar a la opinión pública, sino para comprometer la intervención de las autoridades.
O sea, presentar una querella formal ante la Procuraduría de Prevención de la Corrupción Administrativa, al margen de la decisión que sobre el particular adopte Industria y Comercio.
No basta con que se diga que la institución sabe que por la bahía de Ocoa, Barahona y hasta por el río Ozama entra combustible de contrabando. Al decir que presentará las pruebas en los próximos días el presidente de Anadegas, Arnulfo Rivas, no puede dejar la decisión al tiempo.
Tras el emplazamiento de Industria y Comercio el presidente de Anadegas ha debido responder no con una promesa, sino con las pruebas en las manos. Para evitar el ridículo y el desprestigio ante la ciudadanía, Rivas sabe que tiene que presentar pruebas contundentes sobre los supuestos permisos ilegales que se otorgan para operar estaciones de combustibles en espacios inapropiados.
