Justo cuando el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió una declaratoria de reclamo a las autoridades de República Dominicana para que pongan fin a lo que definió como brutalidad policial, un capitán de la Policía fue asesinado a balazos por delincuentes que le sustrajeron su arma de reglamento.

Es posible que si esos asesinos resisten una orden de arresto se produzca otro episodio de brutalidad policial, sin que se dude la ocurrencia de muchos casos de abusos cometidos por agentes contra civiles, aunque debería decirse también que decenas de policías han sido sometidos a la justicia ordinaria por violar derechos humanos.

El informe de marras menciona de manera especial abusos que se perpetrarían en las cárceles, sin reparar que el sistema carcelario dominicano ha evolucionado hacia el modelo de recintos integrales que procura rehabilitar a los internos, un sistema tomado como ejemplo por otras naciones, como Panamá.

Las cárceles que aun no están en el modelo de rehabilitación de internos son manejadas por personal militar y policial, pero dirigidas por funcionarios civiles, por lo que resulta injusto que sólo se mencione supuestos casos de brutalidad policial.

Un mentado panel de expertos que conoció denuncias sobre brutalidad policial no tomó en cuenta o no fue debidamente informado sobre el hecho cierto de que más del 90 por ciento de los imputados de crímenes y delitos violentos tienen la condición de reincidentes, lo que indica que son inmunes a la aplicación de la ley.

En el contexto en que fueron señalados no son válidos ni aceptables los términos de brutalidad o de uso excesivo de la fuerza, como también se rechaza con toda firmeza la recomendación de ese comité de la ONU para que se erradiquen estereotipos y la discriminación contra los migrantes haitianos, una infamia muy usada allende los mares contra el gentilicio dominicano.

Hace tiempo que la sociedad dominicana exige y reclama que el Gobierno promueva una reforma policial que incluya mejoría sustancial en el salario de los agentes, por lo que el mentado comité no ha hecho ningún aporte importante al recordar esa exigencia.

El Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU referido a República Dominicana es sesgado, injusto, inconsistente y de tinte colonialista, por lo que su contenido se rechaza totalmente.