Las medidas de coerción impuestas por un juzgado de Instrucción contra doce militares y dos civiles acusados de intentar enviar 33 kilos de cocaína a Canadá por el aeropuerto de Puerto Plata, ofrece una visión de lo que podría definirse como un rebrote en el tráfico de drogas, agravado por la participación de militares y policías en esa actividad criminal.

Esos militares y civiles prestaban servicios en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesa), en la empresa concesionaria de aeropuertos y en la línea aérea que transportaría el alijo hacia Toronto, lo que indica que los controles en la terminal Gregorio Luperón estarían en manos de gente vinculada al narcotráfico.

Las autoridades informan casi a diario sobre decomiso de drogas en los aeropuertos que se intenta exportar hacia Estados Unidos y Europa en maletas o dentro de objetos diversos o en los estómagos de mujeres y hombres que hacen las veces de mulas del narcotráfico.

Es obvio que una cantidad mayor o menor de estupefacientes logra superar los controles aduanales, como también es pertinente advertir que mucho más drogas llega a República Dominicana desde Suramérica con vocación de reexportación.

Se advierte además que grandes cantidades de cocaína y otras drogas controladas abarrotan los canales internos de comercialización, convertida en el más agobiante factor de la violencia que agobia a la sociedad dominicana, aunque se reconoce que las autoridades de la DNCD realizan un gran esfuerzo para controlar un flagelo que ya adquiere características de tsunami social.

La participación de militares y policías, incluidos oficiales superiores, en esta actividad de lesa humanidad, debería constituir un motivo de gran preocupación ciudadana y un reto fundamental para los órganos represivos del Estado que no deberían permitir jamás que su médula sea infectada por el narcotráfico.

Puede decirse que República Dominicana ha vuelto a convertirse en un importante centro de reexportación de drogas. A pesar de la adquisición de costosos aviones de combate, de radares y de equipos de navegación, los cárteles suramericanos logran introducir grandes cargamentos de estupefacientes a territorio nacional con la complicidad de gente de influencia en el plano civil y militar.

De nuevo se reclama mayor voluntad política en el combate al narcotráfico porque no es ocioso advertir que el inusitado incremento en el contrabando y comercialización de drogas, a la República se le obliga a transitar por el camino que conduce a un escenario parecido al drama mexicano de hoy.