La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas se ha convertido en algo así como una pócima de acíbar que la mayoría de las organizaciones partidarias rehusa ingerir, a menos que la Junta Central Electoral (JCE) la aderece con algún caramelo de conveniencia.

Ese estatuto se creó con el supuesto propósito de garantizar la democracia interna de los partidos, pero el liderazgo partidario parece temerle como demonio a la cruz, al punto que ninguno de sus acápites ha sido acogido sin que previamente mansos y cimarrones acerquen sus frentes sobre muro de las lamentaciones.

Aunque no perfecta, se creía que esa ley serviría para organizar o recomponer el desorden prevaleciente en esas instituciones que conforme a la sabiduría del legislador se reputan como de orden público, además de asignarse el rol de sostén esencial de la democracia.

La mayoría de los partidos no se sienten cómodos con la parte de ese estatuto que regula la financiación de sus actividades por parte del Estado y particulares, además de declararse inhábil para sufragar sus propias elecciones internas, compromiso que pretenden delegar en el Gobierno y la JCE.

En lo referido a la forma de seleccionar los candidatos a puestos electivos, solo uno de los partidos mayoritarios ha escogido la vía de primarias abiertas, lo que indica que no hay voluntad de abrir de par en par las puertas de la partidocracia a la auténtica voluntad popular.

Otras organizaciones partidarias prefieren continuar con el voto de arrastre que suma los sufragios depositados en favor de candidatos a diputados hacia el aspirante a la senaduría, lo que despoja al elector de su derecho a elegir de manera directa a los integrantes del Congreso Nacional.

Los partidos no parecen en disponibilidad de cumplir la parte de la ley que regula el gasto de los precandidatos por electores inscritos, por lo que se adelanta que el dinero sin orígenes claros volvería a inundar las arcas partidarias, como tampoco se cumpliría lo relativo a las cuotas de género y de juventud en la boleta electoral.

La Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas ha sido secuestrada por un liderazgo político que rehúsa permitir o garantizar que afiliados a esas organizaciones y electores en general ejerza el sagrado derecho constitucional de elegir o ser elegido libremente.