Debería explicarse a mayor profundidad el argumento del ministro de Obras Publicas, ingeniero Víctor Díaz Rúa, de que el Estado dominicano salió airoso de la litis judicial contra la Concesionaria de Autopistas y carreteras (Codacsa), a pesar de que la Corte Internacional de Arbitraje lo condenó al pago de 45 millones de dólares a favor de esa empresa que administraba el peaje de Las Américas.

El tribunal arbitral acogió el pedimento de Codacsa, que demandó al Gobierno por supuesto incumplimiento de un contrato de concesión de la carretera San Pedro de Macorís-La Romana, pero el ingeniero Díaz Rúa sostiene que esa sentencia beneficia al interés nacional, porque las autoridades asumen el control de ese peaje que reporta unos 25 millones de pesos al mes.

Codacsa no invirtió ni un centavo en la referida vía a pesar de que mantuvo el cobro del peaje durante cinco años y como si eso fuera poco, el Estado tendrá que pagarle US$45 millones, por mandato de la sentencia emitida por el tribunal con sede en Londres. ¿Cómo que ganamos?

Sería útil saber los fundamentos en que se sustenta ese fallo arbitral, toda vez que lo que se ha dicho es que Codacsa recaudó unos mil 500 millones de pesos en cinco anos de control del Peaje Las Américas y, según el ministro de Obras Publicas, no invirtió ni un centavo en la construcción de la autopista San Pedro-La Romana.

Se dice también que esa empresa pretendía operar el puesto de peaje por 30 años, lo que se convertiría en la estafa del siglo, por lo que el Gobierno o cualquier otro poder público deberían indagar desde su raíz un problema que le costará al estado 45 millones de dólares, además de todo lo recaudado por esos supuestos inversionistas.

A la ciudadanía le complacería saber quiénes desde el Gobierno o sector privado promovieron ese contrato de concesión de carretera y porque algunos intervinientes en esa operación no defendieron- al menos no con vehemencia- el interés nacional ante la corte que conoció de la litis.

Si bien se acepta como un logro que el Gobierno reasuma el control del importante peaje Las Américas, no hay más razones para compartir el júbilo que expresa el ministro de Obras Publicas por lo que considera un triunfo del Estado con la sentencia que lo obliga a pagar 45 millones de dólares.

El episodio jurídico que aquí se comenta debería servir para que las instancias públicas correspondientes investiguen todo lo relacionado con los mentados contratos de concesiones para construcción de carreteras, que incluyen disfrute de puestos de peaje en condiciones muy parecidas a lo que el ministro de Obras Publicas define como gran estafa.