Compras y covid-19

Orlando Jorge Mera orlandojorgemera@yahoo.com

A principios de esta semana, la directora general de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, sostuvo, de manera a lo menos increíble, que en sus indagaciones en las licitaciones hechas por el Ministerio de Salud Pública, no había hallado hasta el momento ningún tipo de irregularidad; muy por el contrario de lo planteado por el Partido Revolucionario Moderno; Participación Ciudadana y la Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19, quienes sí hallaron, de manera independiente, irregularidades.
En el caso del PRM, denunciamos ante el país, el pasado 16 de abril, las evidentes y graves irregularidades en el proceso de licitación y compra del Ministerio de Salud, que benefician a suplidores que no se caracterizan por ser licitadores en compras de salud pública.
No obstante, y para peor, la oferta adjudicada para su beneficio fue tras ofertar con un precio de 125 millones de pesos superiores al valor de referencia.
Incluso, antes de efectuar la recepción de lo solicitado, fuera de los plazos, sin calidad ni garantía; la mismísima directora general administrativa y financiera del Ministerio de Salud le advirtió de esta situación al ministro Sánchez Cárdenas, quien hizo caso omiso y ordenó recibir los insumos. Posteriormente, nunca le respondió de manera formal, y cuando fue interpelado por los periodistas, reaccionó con virulencia, invitándonos a estudiar la ley de compras y contrataciones públicas.
Sin embargo, Participación Ciudadana refrendó esta realidad, al preguntarse públicamente quién respondería al correo de la directora administrativa y financiera de Salud Pública, adhiriendo otras interrogantes que a la fecha brillan por su ausencia: por qué elegir una empresa con reiterados casos de incumplimiento; de quién o quiénes es dicha compañía y cómo se explica tanta “suerte” para ser elegidos en compras de un rubro del que saben poco y nada.
Para empeorar la poco creíble versión de Contrataciones Públicas, la Comisión de Veeduría creada mediante el decreto 145-20, en una misiva enviada al ministro Gustavo Montalvo, así como a la señora Yokasta Guzmán, detectó faltas institucionales que resumió en tres hallazgos determinantes: (i) ausencia de unidad de criterios para los plazos reducidos en las publicaciones para presentación de ofertas; (ii) no se suben las informaciones según el cronograma de cada proceso, detectado en 22 procesos independientes; y (iii), en los informes finales no se detalla el criterio bajo el cual fueron seleccionadas las empresas adjudicadas.
Esto no solo reafirma nuestra posición, sino que deja la puerta abierta a muchas preguntas que suelen ser respondidas con prepotencia, sin reconocimiento de falta alguna, lo que sí deja a la vista el más contundente de los hechos: el gobierno, en un manejo poco eficiente de la crisis, es el peor ciego, el que no quiere ver.