La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ha encendido un necesario y valiente debate en torno a una práctica cada vez más frecuente y peligrosa, del uso irresponsable, e incluso delictivo, de los medios digitales y redes sociales por parte de individuos, algunos de los cuales se autoproclaman comunicadores sin tener ningún compromiso con la ética periodística ni con la verdad.

Sus recientes declaraciones sobre actos de extorsión, chantaje y difamación no solo son oportunas, sino urgentes. En un país donde la libertad de expresión es una conquista democrática irrenunciable, no se puede permitir que esa libertad se pervierta hasta convertirse en una herramienta de abuso, destrucción de reputaciones y obtención de beneficios personales a costa del honor ajeno.

Lo que denuncia la fiscal Ramos es una realidad palpable: perfiles anónimos o pseudoperiodistas que lanzan acusaciones sin pruebas, manipulan información, descontextualizan declaraciones, o simplemente inventan escándalos para extorsionar a figuras públicas, empresarios y funcionarios.
Estos actos no son periodismo, son delitos.

Puedes leer: Investigaciones por difamación: la fiscal revela un sistema de chantaje en redes y programas TV

No es lo mismo opinar que calumniar. No es lo mismo informar que manipular. El periodismo, como función social, se ejerce con responsabilidad, con rigor, y con respeto a los hechos. La libertad de prensa no es una patente de corso para delinquir, sino una herramienta para fortalecer la democracia y empoderar a los ciudadanos mediante la verdad.

Las redes sociales han democratizado la comunicación, pero también han abierto la puerta a una nueva generación de extorsionadores digitales que operan al margen de toda ética y sin consecuencia alguna.

Es hora de que las autoridades, los verdaderos comunicadores y la sociedad en general cerremos filas contra esta práctica.

La fiscal Rosalba Ramos no está atacando a los medios ni a los comunicadores honestos. Está defendiendo a quienes ejercen con dignidad su labor, y está advirtiendo que no se puede seguir permitiendo la impunidad de quienes utilizan la comunicación como un arma para chantajear.

La libertad de expresión se defiende también poniendo límites claros a quienes la usan para hacer daño. Y en ese sentido, las declaraciones de la fiscal Ramos no solo merecen apoyo, sino también acción.
El país necesita que la justicia actúe con decisión frente a los que han convertido la difamación y la extorsión en un negocio.