El vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ingeniero Celso Marranzini, ha instruido someter a la justicia a personas y empresas que incurran en fraude o robo de energía servida por las empresas distribuidoras.

La iniciativa del ingeniero Marranzini se corresponde con la ley, penaliza con multa, cárcel y acciones civiles a sujetos físicos o jurídicos que incurran en el delito de conexión ilegal, por lo que tales infracciones deben ventilarse en los tribunales.

Se resalta que las autoridades de la CDEEE comienzan a confrontar a grandes negocios que supuestamente incurren en fraude eléctrico, lo que hace pensar que quizás esta vez la cuerda se quiebre por el lado grueso, sin necesidad de atribuir los males mayores a los sectores carenciados, que consumen energía subsidiada por el Estado.

A lo que se aspira es a que todos los hogares, oficinas, hoteles, comercios e industrias paguen por la electricidad consumida y que el Gobierno, por vía de un bono, auxilie el magro presupuesto de familias pobres o marginadas, sin que tampoco se diga que ese paso trascendente resuelve la crisis de la industria eléctrica.

Para asirse de suficiente moral para someter a la justicia a los autores de fraude contra el sistema eléctrico, el ingeniero Marranzini debería disponer que las distribuidoras no incurran en otra forma de robo, como es cobrar más de lo que se ha consumido, según se denuncia con inusitada frecuencia.

Se requiere también que las autoridades se armen de valor y revisen los contratos leoninos con empresas generadoras, que motivan a su vez que el precio del kilovatio hora aquí sea uno de los más caros del mundo y que duplique el de Puerto Rico, a pesar de que esa isla no dispone de energía hidroeléctrica.

Es verdad que empresarios y particulares cometen fraudes o conexión ilegal por los que deberían ser sometidos a la justicia; pero también es cierto que generadores de electricidad hacen trampas para inflar el precio del kilovatio/hora, sin que el ingeniero Marranzini les marche a esos pejes gordos.

Se respalda plenamente el anuncio de persecución y traducción a los tribunales de todo aquel que incurra en fraude o robo de energía, pero son también reos de la ley aquellos que ordenan o permiten estafar a los consumidores con el cobro de energía no consumida. Obligar a la ciudadanía a pagar por apagones, a más de un abuso, es una forma de robo vulgar.