El presidente Luis Abinader anunció ayer durante el Consejo de Ministros en el municipio Santo Domingo Este una serie de obras que incluyen nuevo vertedero, extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la terminación del Palacio de Justicia, que en términos de inversión significan palabras mayores.

Como si fuera poco, el mandatario dispuso también construir un nuevo mercado municipal, para lo cual el Gobierno aportará 250 millones de pesos, equivalentes al 50% del valor total, así como la reparación y construcción de escuelas, además de una zona de transferencia de desechos sólidos, reparación y construcción de escuelas.

En ese Consejo de Ministros el Presidente dio la impresión de que por falta de recursos no se detendrían esas obras, aunque esta vez el dinero corre por cuenta del Gobierno o del municipio y no por la modalidad de alianzas público-privada, por lo que son compromisos mayores que obligan a rascarse con propias uñas.

Veinte años

La Asociación de Empresas Fronterizas convocó hoy un paro de actividades laborales de todas las unidades empresariales que operan en siete provincias de la línea fronteriza y el suroeste al amparo de una ley de exenciones fiscales y tributarias, que expira este lunes, sobre la cual reclaman otro estatuto de extensión de esos beneficios.

El proyecto de extensión de esa ley, que data de 2001, se bailotea entre el Senado y la Cámara de Diputados, con modificaciones que han sido objetadas por la entidad que agrupa a las empresas acogidas a su régimen de exenciones impositivas.

Lo prudente sería que tras veinte años de vigencia las empresas beneficiadas y las instituciones representativas de esas provincias presenten un inventario sobre los beneficios que han recibido las comunidades de referencia, en términos de generación de empleo, insfraestructuras, comercio e industria, así como otros valores agregados a las economías de esas comunidades.

El Gasto Tributario del Estado supera los 250 mil millones de pesos al año, cifra respetable cuyo impacto en la competitividad de los sectores productivos y en el empleo debería ser objeto de revisión, sobre todo en los casos en los que esos estatutos datan de 20 años.

No se niega derecho ni razón a esas empresas en su reclamo de que el Estado extienda los beneficios de la referida ley, más aun si ayuda a mitigar situación de pobreza extrema en las provincias fronterizas y del suroeste. Lo que se pide es una revisión para saber qué ha pasado veinte años después.