Atrás quedaron los tiempos en que el cargo de regidor se otorgaba como reconocimiento a los méritos del munícipe seleccionado, quien a su vez prestaba sus servicios de forma honorífica. Hoy en día, un concejal percibe salario de lujo y ostenta numerosos privilegios laborales.

Es el caso del Ayuntamiento Santo Domingo Este, donde 33 regidores ganan 184 mil pesos mensuales, de los cuales 104 son por ingresos adicionales: 50 mil por acudir a las sesiones, 35 mil por compensación y 19 mil por combustibles.

Esos altos ingresos son comunes a la mayoría de las alcaldías, sin importar si corresponden a demarcaciones grandes o pequeñas, pues propios concejales se encargan de aumentarse a sí mismos los sueldos y compensaciones.

Hay que imaginarse la tremenda carga financiera que significan las decenas de puestos de regidores en los cuatro municipios que conforman el Gran Santo Domingo y sus muchas juntas municipales.

Más grave aún es la persistencia de congresistas por crear nuevos municipios, los cuales literalmente estarían divididos uno de los otros por cañadas o callejuelas, pero con mayores cargas burocráticas, inservibles a los fines prácticos.

No se aspira a que regidores o concejales laboren de manera honorífica, como ocurría hasta mediado del siglo pasado, ni a que se conjure la vara política usada para su escogencia, pero resulta abusivo que a base de sueldos altos y prebendas adicionales se pretenda crear una nueva casta de funcionarios privilegiados.

No son muchas las naciones subdesarrolladas donde se otorgue a cada senador un barril de dinero para distribuirlo a su mejor discreción y fondos especiales a los diputados para los mismos fines.

El colmo parece ser la clonación de esa desgracia en los Ayuntamientos, donde el clientelismo político se viste de lino y seda para obtener sueldos de lujo en el desempeño de una función que antes sólo estaba prevalida del buen nombre del concejal.