SANTO DOMINGO.- Las convulsionadas relaciones entre el Ministerio de Educación (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) provocaron que 2025 fuera un año “improductivo” para el sistema educativo público.
Las constantes y prolongadas interrupciones de la docencia, que afectaron de manera directa la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, figuran entre las principales consecuencias de un enfrentamiento que, según diversos sectores, no muestra señales de detenerse en lo inmediato.
El incumplimiento del calendario escolar ha impedido que, pese a la cuantiosa inversión del Gobierno, se alcancen las principales metas educativas trazadas por las autoridades.
Informes periodísticos revelan que el 36.6 % de las horas de clases que debieron impartirse en las escuelas públicas se perdieron a causa de huelgas y asambleas de la ADP durante el último cuatrimestre del año, en provincias como Duarte, Monseñor Nouel, Azua, Santo Domingo, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago y Barahona.
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La situación afectó de manera significativa la tanda extendida, considerada una de las principales conquistas del sistema educativo público. En algunas provincias, por disposición del gremio, el horario escolar fue reducido de ocho a cuatro horas diarias.
En varios casos, los maestros de escuelas públicas interrumpieron las clases por razones personales de dirigentes sindicales, como ocurrió en agosto, en la provincia Monseñor Nouel, donde más de 27,000 estudiantes quedaron sin docencia tras un paro convocado por la seccional de la ADP, que alegó una supuesta campaña de descrédito contra los docentes.
En un comunicado, el gremio justificó la paralización en solidaridad con su presidente, Raúl Martínez, citado ante la justicia por una querella de difamación e injuria. La huelga incluyó una concentración frente al Palacio de Justicia de Bonao, en respaldo al dirigente sindical.
Denuncias de la ADP
Además de los reclamos salariales, durante 2025 los maestros denunciaron la falta de más de 7,000 aulas para el año escolar 2025-2026, así como la existencia de unos 800 centros educativos con construcciones paralizadas por más de cinco años.
También aseguran que más de 2,000 escuelas están pendientes de remozamiento, reparación y equipamiento, y que persiste una escasez de docentes en áreas clave, especialmente en el nivel inicial, así como de personal administrativo y de apoyo.
De igual modo, denunciaron retrasos en la entrega de fondos de descentralización, indispensables para higiene, ambientación y materiales didácticos, y una supuesta sobrecarga laboral producto de aulas sobrepobladas, situación que —afirman— afecta la salud de los docentes y la atención de los estudiantes.
Al inicio del año escolar 2025-2026, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, denunció que, pese a los compromisos asumidos por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, no se entregaron las más de 1,200 obras escolares prometidas por el Gobierno, incluyendo canchas deportivas y aulas para niños de tres años que, según afirmó, fueron iniciadas y nunca concluidas.
Sociedad reclama
Sectores académicos, políticos y organizaciones de la sociedad civil reconocen el derecho de los docentes a realizar reclamos laborales, pero sostienen que estos no deben afectar la docencia ni el derecho a la educación.
Entidades como Acción Empresarial para la Educación (EDUCA) reclaman que las protestas sindicales se realicen en horarios y días no lectivos, y advierten que las paralizaciones violan el derecho fundamental a la educación, alteran el calendario escolar y deterioran la calidad educativa.
En igual sentido, las Asociaciones de Padres y Amigos de la Escuela (APMAE) han denunciado de manera reiterada la situación, exhortando al diálogo y a la búsqueda de soluciones sin interrupciones de clases.
“Se les está violando un derecho fundamental a nuestros niños, niñas y adolescentes. Prohibirles el pan de la enseñanza constituye un atropello garrafal”, expresó Nelson Paulino, representante de la APMAE en Monseñor Nouel y Hermanas Mirabal.
Autoridades pasivas
Las autoridades del Ministerio de Educación y del Gobierno Central han reconocido que las paralizaciones de docencia decretadas por seccionales de la ADP contradicen los acuerdos firmados con la dirigencia del gremio, sin que hasta el momento se hayan aplicado sanciones.
En el pacto suscrito en junio de 2021, ratificado en 2023, se establece el compromiso de mantener el diálogo sin afectar el proceso educativo. No obstante, el propio Gobierno admite que estas interrupciones generan pérdidas millonarias al Estado, al pagar salarios sin que se cumpla la jornada laboral docente.
Desde el primer día
El 26 de agosto, apenas 24 horas después del inicio del año escolar, más de 27,000 estudiantes de escuelas públicas de Bonao, en Monseñor Nouel, quedaron sin docencia tras una huelga de maestros convocada por el comité provincial de la ADP.
El 1 de septiembre, 105 planteles del Distrito Educativo 02-06, en San Juan de la Maguana, suspendieron las clases para celebrar una asamblea sindical. El 17 del mismo mes, los educadores de Peravia realizaron un paro de dos días en demanda de la terminación de la escuela básica Las Carreras.
