San Cristóbal.- La juez interina del tribunal de Atención Permanente de San Cristóbal, Katerine Rubio Matos, conocía esta mañana la solicitud de medida de coerción contra 14 imputados de lavado de activos y narcotráfico del Caso Larva.

La magistrada fue cuestionada por conceder en los 2017 permisos navideños a más de 50 reclusos, muchos implicados en el caso Paya, Florián Feliz, Figueroa Agosto y otros.

La jueza dispuso que se mantenga a la prensa alejada de la sala de audiencia.

Alrededor de las 9:00 de la mañana los encartados fueron conducidos al tribunal bajo un fuerte contingente de seguridad.

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Los imputados son Jorge Luis Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o El Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suarez Díaz (Ojitos).

Las empresas de la estaban diseminadas en diferentes zonas del país y que supuestamente eran utilizadas para lavar activos figuran Presta Bella Vista S.R.L, Inversiones Herasme Pérez S. A. Upper Promoción S.R.L. J&H Administración y Servicios S.R.L. H & S inmobiliaria, S.R.L. Inversiones y Servicios Jorge y María, RSD Geo Soluciones S.R.L. Rujoda Trading S.R.L, Agente de Cambio Estrella S.A., Grupo Intex Dominicana, S.R.L, Suplicor S.R.L. Corporación de Crédito Corona (Cocreco), Blue Meadow Group S.R.L. Spataro Italian Foodmarker S.R.L. Nayali Moda Italiana S.R.L. Grupo Arconsa S.R.L. Dirotec Grupo de Inversiones, S.R.L. y Financiera Gdnipi, S.R.L.

El expediente

El Ministerio Público narra que los involucrados en el caso Larva forman parte de una organización criminal dedicada a traficar drogas y a lavar activos producto de operaciones de narcotráfico a gran escala. Además se le atribuye haber incurrido en hechos de sangre.

Los integrantes de la red supuestamente inyectaban en el sector inmobiliario las ganancias irregularmente obtenidas producto de las actividades propias del crimen organizado.

En las investigaciones se ha determinado que adquirían, a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros.