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Conozca aquí, en detalle, cómo operó la red de corrupción de Operación Coral, según MP

Conozca aquí, en detalle, cómo operó la red de corrupción de Operación Coral, según MP

El Ministerio Público presentó ayer en detalles parte de los bienes acumulados de forma irregular por los involucrados en el expediente de la Operación Coral, entramado encabezado por mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).

Entre los bienes referidos por el Ministerio Público figuran un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, y el que, según explicaron, pertenece al general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

“Sin embargo, no entendemos por qué disfraza dicha propiedad a través de un contrato de alquiler por el que supuestamente paga tres mil dólares mensuales por una propiedad de uso esporádico”, expuso una de las representantes del Ministerio Público.

En la audiencia, la procuradora adjunta y directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, pidió al tribunal que proceda a declarar la complejidad del proceso y que imponga la prisión preventiva por 18 meses en los centros de corrección y rehabilitación para hombres y mujeres de Najayo, San Cristóbal.

Reynoso dijo que en la instancia teorizaron sobre la corrupción, definiéndola como una plaga insidiosa y de amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, “porque socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida, permite el florecimiento de la delincuencia organizada”.

Agregó que la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el clima de desarrollo de una sociedad.

De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, explicó que el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y dijo que ello es una consecuencia de que se haya solicitado la declaración del caso complejo.

“Además, nosotros hemos demostrado en el tribunal que este es un caso de los más complejos que ha manejado el Ministerio Público, donde tenemos información que tenemos que analizar, a fin de determinar hasta dónde llega este entramado de corrupción que ha depredado fondos públicos”, dijo Camacho, tras reiterar que por ello solicitaron 18 meses de prisión preventiva.

Asimismo, reafirmó que han construido un proceso blindado, “y hoy hemos demostrado en el tribunal que ha sido así; este es un proceso que se ha construido con el más alto estándar de calidad dentro del funcionamiento del Ministerio Público; es algo que nosotros ponemos todo el empeño”.

Dijo que los imputados han tratado de entorpecer las investigaciones del Ministerio Público y que gracias a la reacción rápida de esta institución han podido recabar la cantidad de pruebas con que cuentan, “que la propia defensa ha reconocido que son abundantes; hemos dicho que son fulminantes y que las defensas no podrán reaccionar ante ellas”.

Sobre el avance de las pesquisas, dijo que hay más personas que se seguirán investigando y que se seguirán arrestando, y en la medida de que sea necesario el Ministerio Público las procesará y las presentará a los tribunales.

El equipo que representa al Ministerio Público lo encabezan los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Además, forman parte los fiscales Marinel Brea, Mervin Romero, Emmanuel Ramírez, María Melenciano, Jonathan Pérez Fulcar y Miguel Collado.

Al inicio de la presentación de la solicitud de medidas de coerción, el magistrado Camacho dijo que el Caso Coral muestra la corrupción en las entrañas del poder.

“En la medida en que este tribunal pueda tener contacto con las personas que el Ministerio Público imputa en este proceso y los hechos que el Ministerio Público les imputa estará en condición de verificar por qué decimos que este es un caso de corrupción en las entrañas del poder”, señaló.

El grupo es procesado por acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

A petición de la defensa, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso un receso para reiniciar el proceso la tarde de este jueves.

Además de Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán están acusados el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

El Nacional

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