La convocatoria del Ministerio de Educación a reapertura de docencia presencial limitada o parcial a partir del 6 de abril no sería ninguna novedad para muchos centros educativos en cuyos locales hace tiempo que se imparte enseñanza de manera abierta o subrepticia.

Por razones laborales o porque sus hijos no han podido asimilar el sistema de impartir clases a distancia, numerosas familias optan por acogerse a programas presenciales para sus vástagos que asisten a los colegios varios días a la semana.

Ese tipo de servicio docente es ofrecido principalmente por centros pre escolares, pero también de educación básica y preuniversitaria en colegios de clase media, y otros ubicados en barrios populares, lo que indica que mucho antes de la fecha señalada por Educación ya se imparte docencia presencial.

Se reconoce que no pocos padres y tutores no encuentran cómo lidiar con sus hijos en aulas hogareñas o carecen de tiempo para tutelar adecuadamente la educación a distancia, pero no está bien que sin conocimiento o consentimiento de autoridades de Educación se habilite docencia presencial.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) objeta la vuelta a la docencia presencial por entender que aún persiste el peligro de contagio de la covid-19 para maestros, estudiantes y personal administrativo de escuelas y colegios, pero asociaciones de padres han elevado un recurso de amparo contra esa negativa del gremio.

El Ministerio de Educación debería investigar la denuncia de que en un campamento de estudiantes levantado en las afueras del Distrito Nacional, más de una veintena de alumnos y profesores sufrieron contagios de coronavirus, lo que motivó el cierre temporal del establecimiento.

También se debería indagar la noticia de que varios niños y adolescentes se contagiaron de la covid-19 en una competencia deportiva convocada por una institución educativa, clara señal de que las autoridades no controlan el activismo que moviliza cada día a alumnos hacia diferentes colegios.

Ojalá que Ministerio de Educación y entidades educativas arriben a algún tipo de acuerdo que garantice seguridad sanitaria en los recintos docentes para impartir docencia presencial sin peligro de contagio y sin que literalmente se obligue a los alumnos a ingresar subrepticiamente por portones traseros de colegios y campamentos.