La implicación de generales, coroneles y otros militares en el expediente Coral 5G convierte esa investigación penal en el más amplio resquicio jurídico que el Ministerio Público ha abierto sobre estamentos castrenses, clara señal de que la lucha contra la corrupción es hoy un proceso irreversible.
En un primer caso, los fiscales acusaron a un mayor general y varios oficiales superiores en ese entramado de corrupción contra los cuales se solicitó medidas de coerción consistentes en 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo.
No es ocioso señalar que la Constitución garantiza a los implicados derechos a una justicia accesible, a ser oídos dentro de un plazo razonable por una jurisdicción independiente, a que se presuma su inocencia, tratada como tal mientras no se haya declarado culpabilidad a través de sentencia irrevocable.
La tenaza del Ministerio Público también ha hurgado en el ámbito civil de la Administración Pública con varios expedientes en los tribunales relacionados con prevaricación y lavado de dinero, así como en el Poder Legislativo con solicitud de encartamiento de legisladores por temas de narcotráfico o violación a la Ley de Contrataciones Públicas.
Un exprocurador general ha sido procesado por supuesto cohecho, lo que indica que si fuera necesario el órgano persecutor estaría en condiciones de auscultar su propia anatomía, aunque el respeto al debido proceso debería primar como irrenunciable mandato bíblico.
Si en algún momento se llegó a sospechar que la proclama de independencia del Ministerio Público se correspondía con alguna estrategia política, los hechos parecen indicar que la fiera se ha liberado de su domador o que de verdad el presidente Luis Abinader abrió compuertas hacia una auténtica autonomía.
La vorágine provocada por esos expedientes penales que arrastran a altos oficiales, legisladores y funcionarios de mayor o menor rango, indica que sería difícil al Poder Ejecutivo reencausar el oleaje no sin riesgo a convertirlo en un tsunami jurídico.