Editorial Opinión

Coral 5G

Coral 5G

La implicación de generales, coroneles y otros militares en el  expediente Coral 5G convierte esa investigación penal en el más amplio resquicio jurídico que el Ministerio Público ha abierto sobre estamentos castrenses, clara señal de que la lucha contra la corrupción es hoy un proceso irreversible.

En un primer caso, los fiscales  acusaron a un  mayor general y varios oficiales superiores en ese entramado de corrupción  contra los cuales se solicitó medidas de coerción consistentes en 18 meses de prisión preventiva y  la declaración del caso como complejo.

No es ocioso señalar que  la Constitución garantiza a los implicados derechos a una justicia accesible, a ser oídos dentro de un plazo razonable por una jurisdicción  independiente, a que se presuma su inocencia, tratada como tal mientras no se haya declarado culpabilidad a través de sentencia irrevocable.

La tenaza del Ministerio Público también ha hurgado en el ámbito civil de la Administración Pública con varios expedientes  en los tribunales relacionados con prevaricación y lavado de dinero, así como  en el Poder Legislativo con solicitud de encartamiento de legisladores por temas de narcotráfico o  violación a la Ley de Contrataciones Públicas.

Un exprocurador general ha sido procesado por supuesto cohecho, lo que indica que si fuera necesario el órgano persecutor estaría  en condiciones de auscultar su propia anatomía, aunque  el respeto al debido proceso debería primar como  irrenunciable mandato bíblico.

Si en algún momento  se llegó a  sospechar que la proclama de independencia del Ministerio Público se correspondía con alguna estrategia política, los hechos  parecen indicar que la fiera se ha liberado de su domador o que de verdad el presidente Luis Abinader abrió compuertas  hacia  una  auténtica autonomía.

La vorágine provocada por  esos expedientes penales que arrastran a  altos oficiales, legisladores y funcionarios  de mayor o menor rango, indica que  sería difícil al Poder Ejecutivo reencausar el oleaje no  sin  riesgo a convertirlo en un tsunami jurídico.

Del expediente G5 debería extraerse como aleccionadora experiencia que  desde el Ministerio Público la lucha contra la corrupción va en serio, que los jueces podrán  enmendar la plana  ante cualquier equivocación de los fiscales, pero es claro que la intención se encamina a que no quede piedra sobre piedra.
El Nacional

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