Oscar López Reyes
Roedores humanos, que encubren su codicia y deslealtad en los invisibles desajustes de su química cerebral, han pululado en los gobiernos de la era democrática, cuyos mandantes han popularizado frases que, en su mayoría, perduran como retóricas en la impunidad, esencialmente judicial.
A contrapelo, los corruptos cabalgan con el peor lastre: la condena de la sociedad, bifurcada desde el Ministerio Público y la difusión mediática.
La oración que más resuena es la del presidente Luis Abinader: “Tengo amigos, pero no cómplices”, que replica cuando altos funcionarios de su Gobierno han tenido que salir del tren administrativo, por su involucramiento en el peculado.
Está en el candelero el insaciable ortopedista y traumatólogo Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Senasa (agosto de 2020-agosto de 2025), quien se cobija bajo rejas, imputado por el Ministerio Público de un desfalco cuantificado en 15 mil millones de pesos.
¿Acaso sufría de una anomalía en la corteza prefrontal?
Después de este salvajismo, el presidente Abinader tendrá que percutir aún más el hacha contra los envilecidos. ¿Se logrará, con la inteligencia artificial, detectar el perfil delictivo-conductual de los aspirantes a cargos públicos?, ¿Cuántos más enfermos que Hazim -y con acusaciones menores- inundan las cárceles? y, ¿habrá, incuestionablemente, sanciones ejemplificantes para los miserables implicados en semejante defraudación?
“Tente quieto”, les dirían los abogados a los incriminados, para significarles que no estamos en China ni en Cuba, y que en República Dominicana las leyes están preparadas para que los que tengan arraigo (dinero, propiedades, etc.) escapen del castigo penitenciario.
En diciembre de 2025, la justicia del gigante asiático dispuso el fusilamiento del exbanquero Bai Tianhui por aceptar 156 millones de dólares en sobornos, y en la mayor isla del Caribe fue sentenciado a cadena perpetua a su exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, por cohecho y otros delitos.
En 2025, en República Dominicana han sido dados pasos crecidos para superar falencias judiciales con nuevas legislaciones: Contrataciones Públicas (Ley 47-25), Código Penal (Ley 74-25) y Código Procesal Penal (Ley 97-25). Amplían la fiscalización y control en la administración pública, y la sancionabilidad penal a los infractores, en la búsqueda del escarmiento, la prevención de transgresiones y el cuidado de la dignidad humana.
Pasma el señorío de la inteligencia, el disimulo, la manipulación, el encubrimiento y el engaño -en el poder de la influencia y la presión- tanto los fácticos (no elegibles popularmente, como asociaciones empresariales y sin fines de lucro, iglesias, medios de comunicación, gremios profesionales y laborales, etc.), como de ciertas esferas de los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Actos de esos conspicuos derivan -sin mover los labios ni sus tranzas de rostros anchos- en acomodamientos domiciliarios a quienes han perpetrado actos atroces, como los de Senasa.
