Cuando asumí una de las más importantes responsabilidades de mi vida pública, como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijimos con claridad y honestidad que, al no tener intereses particulares, más que el genuino objetivo de hacer las cosas bien, no habría excepciones a la regla ni contemplaciones de ningún tipo a la hora de aplicar la ley que administramos de forma temporal: la 64-00.

En ese sentido, y en consonancia con la línea de transparencia y ética que rige al gobierno del presidente Luis Abinader, anunciamos al país una serie acciones legales contra infractores acusados de delitos ambientales cometidos en distintas partes del país.

Cabe resaltar que esos procesos, para lograr su cometido y las condenas pertinentes, no solo requieren de la canalización del ministerio, sino que los ciudadanos, por las distintas vías, asuman la cultura de hacer denuncias responsables de manera que podamos investigar y tomar cartas en el asunto. Al final, enfrentar un delito ambiental es responsabilidad de todos.

En resumidas cuentas, a lo largo de estos 21 meses de gestión, esta administración ha sometido a la justicia más de 2 mil casos, sin distinción política o partidaria alguna, sometiendo a políticos de la pasada gestión y de la actual; asimismo a militares retirados y activos; empresarios, comerciantes y ciudadanos que han violado la ley.

Esta semana esa línea se ha mantenido férrea, al someter a la acción de la justicia al director municipal José Ling -Richard- Valdez Mora, del Distrito Municipal Palmarejo Villa Linda, perteneciente a Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, por haber cometido el crimen ambiental de impactar en una superficie de unos diecisiete mil metros cuadrados, afectando unos tres mil doscientos metros cuadrados de bosque, con el desmonte de cientos de especies nativas, área que fue intervenida y restaurada por este Ministerio entre los años 2008 y 2011.

Además, emitimos la Resolución 0021-2022 que suspende de manera provisional el aprovechamiento de madera bruta en las provincias San Cristóbal, incluyendo el municipio Villa Altagracia, y Monseñor Nouel; y la 18-22, que suspende durante sesenta días el aprovechamiento de madera bruta en el municipio de San José de las Matas, Santiago; en El Rubio y El Corocito, y en el municipio Monción, Santiago Rodríguez.

El respeto de nuestro medio ambiente y recursos naturales es una tarea diaria y permanente. Tanto las autoridades gubernamentales como las municipales y el sector privado deben cumplir con la Ley 64-00.

Ahora es el turno de la Procuraduría Especializada de Protección al Medio Ambiente de actuar, la cual esperamos y pedimos que actúe con presteza, respeto al debido proceso de ley, y que los responsables reciban las mayores sanciones penales posibles.