El presidente Pedro Castillo había asumido el cargo con los días contados. Vivía con la soga a rastro. Si él no precipitó su caída, provocó su detención con el frustrado autogolpe que promovió en la víspera de que en el Parlamento se votara su destitución por supuesta incapacidad moral.

Desde que hace unos días su ministro de Defensa, Daniel Barragán, renunció del cargo por supuestas razones personales se intuía el ocaso de Castillo.

Los muchos intentos para defenestrarlo debieron servirle para iniciar negociaciones, cediendo en algunas demandas para salvar su régimen.

Sus problemas comenzaron desde el primer momento con sus propios aliados quienes rechazaron la ratificación de los principales funcionarios del área económica.

Esa decisión, aplaudida por la comunidad internacional, no detuvo los planes de sus opositores de hacerlo saltar en cualquier momento.

Al disolver el Congreso y declarar el estado de emergencia Castillo no hizo más que clavarse el cuchillo. Hasta miembros de su gabinete, como el canciller, condenaron la decisión, que el Tribunal Constitucional no tardó en calificarla de ilegal.

El Congreso no acató el decreto y terminó por aprobar la destitución de Castillo. Es posible que la crisis no genere más que protestas sociales, pero con el ascenso de la vicepresidenta Dina Boluarte, el orden institucional se mantendrá. El caso de Castillo no deja de ser motivo de reflexión sobre la suerte de la democracia en América Latina.