Por tratarse el Presupuesto Nacional del instrumento básico para impulsar el desarrollo, el Gobierno debería enterar a la ciudadanía de todos los pro y contras del proyecto de Ley General de Ingresos y Gastos Públicos 2011 que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso, porque el fin y al cabo la población pagaría de nuevo los platos rotos.

El Consejo de Ministros aprobó hace más de un mes un proyecto de Presupuesto ascendente a 390 mil 475 millones de pesos, lo que supone un incremento de once mil 478 millones con respecto al que se ejecuta en 2010, aunque el ministro de Hacienda, licenciado Vicente Bengoa, afirma que, en términos reales, ese monto es menor que el actual.

El Gobierno incrementó en más de cuatro mil 500 millones de pesos la partida asignada a Educación (RD$41,568 millones) y a la de Salud, en más de cinco mil, (41, 917 millones), aunque el ministro de Hacienda no se refiere a la relación de esas partidas con el Producto Interno bruto (PIB), quizás para no revelar el incumplimiento de la ley que ordena asignar al menos un cuatro por ciento del PIB a la cartera educativa.

No es fácil entender cómo es que un Presupuesto que sobrepasa el actual en más de once mil millones, es nominalmente menor que el que se ejecuta en 2010, máxime si se afirma que los ingresos del Gobierno se incrementarán en 2011 en más de 30 mil millones de pesos.

Un dato alentador en torno al diseño de ese presupuesto, se refiere a la promesa de que el Gasto Público sólo se incrementaría en menos de la mitad del incremento proyectado en las recaudaciones, unos 15 mil millones de pesos, quizás en atención al compromiso con el Fondo Monetario de reducir el déficit fiscal.

El presupuesto de 2011 parece indisolublemente atado a la promesa de estabilidad monetaria y al deseo de que los precios internacionales del petróleo no se desborden, pues los cálculos de ingresos y egresos se sitúan sobre un tipo de cambio de 37.90, una inflación menor de dos dígitos y un precio promedio del barril de crudo de 83.50 dólares.

Aunque se resalta que la partida de la Presidencia de la República se redujo en más de cinco mil millones, todavía luce muy alta la asignación de más de 36 mil millones a la discrecionalidad presidencial y de sus instituciones afines.

Donde la puerca parece retorcer el rabo es en la reducción de los niveles de financiamiento de ese presupuesto, de 115 mil 96 mil millones y en las transferencias consignadas al barril sin fondo sector eléctrico de 469 millones de dólares, y de casi 19 mil millones de pesos para la recapitalización del banco Central. Mejor sería cruzar los dedos.