Después de evaluar aspirantes a ocupar posiciones en las Altas Cortes, el Consejo Nacional de la Magistratura se aboca ahora a seleccionar los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC) y Tribunal Superior Electoral (TSE), tarea difícil porque deberá escoger sólo 30 jueces entre centenares de postulantes a los que les sobran condiciones profesionales y éticas para merecer ser elegidos. Con la escogencia de esos magistrados, que deberá ser mediante método de transparencia absoluta, el orden judicial dará otro gran salto hacia adelante y se prepara una segunda ola de reformas que ha iniciado con el establecimiento en la Constitución de dos nuevas instituciones jurídicas en los ámbitos constitucional y electoral.

Por tratarse de jurisdicciones de última generación, los tribunales Constitucional y de Elecciones deberían quedar integrados por jueces de probada competencia y probidad, provenientes de las diversas Cortes de segundo grado, de la academia y algunos del ejercicio puro y simple, de manera que experiencia, conocimiento y pedagogía confluyan en la consolidación de una sana administración de justicia y correcta interpretación de la Carta Magna.

La Suprema Corte de Justicia merecería tratamiento especial por tratarse del órgano mayor y buque insignia del Poder Judicial del que es rector y guía por vía de la casación, jurisprudencia y doctrina, por lo que la selección o ratificación de sus miembros ha de estar asociada al parámetro de la sabiduría, entereza, imparcialidad e independencia.

Los jueces actuales de la Suprema Corte, en sentido general, han sido paradigma de un ejercicio ejemplar y responsable con gran apego a la letra de la ley y han sido fieles efectivos guardianes en el control de la constitucionalidad, al punto que la jurisprudencia y la doctrina de los últimos 14 años ha sido definida como rica en contenido y alcance.

Lejos de constituir algún tropiezo para la continuidad, longevidad de edad y tiempo en el cargo de los actuales magistrados de la Suprema Corte constituyen el mejor aval para que la mayoría sean ratificados en sus funciones, con excepción de los que han sobrepasado la edad de retiro, conforme a una improvisada ley que impide que la sociedad se sirva en auténticas fuentes de sabiduría jurídica.

Por todo lo antes expuesto, no resulta pecaminoso sugerir -como al efecto se sugiere- que el magistrado doctor Jorge Subero Isa sea ratificado como presidente de la Suprema Corte de Justicia, en premio a su capacidad, dedicación, honradez, probidad, sensatez, independencia y gran espíritu de sacrificio. El Nacional no siente ningún temor en postular la candidatura de un servidor público que por 14 años ha honrado la toga y el birrete y dignificado a un Poder Judicial tantas veces zarandeado por poderosos entes políticos o corporativos que hoy pujan y aspiran a que el Consejo de la Magistratura seleccione a un presidente de la Suprema a la medida de sus intereses.