El presidente Luis Abinader destituyó ayer a la ministra de la Juventud y al cónsul general en Juana Méndez, Haití, implicados en supuestas irregularidades en desempeño de sus funciones, con lo cual el mandatario reitera el mensaje de que no permitiría que funcionarios del Gobierno se involucren en escándalos públicos.
Luz del Alba Jiménez se convierte en la segunda titular de esa cartera cancelada por el jefe de Estado en menos de un año. La primera, Kinsberly Taveras, fue cesanteada tras varios meses de licencia, investigada con relación a su declaración jurada de bienes y a negocios de su empresa familiar con el ayuntamiento de Boca Chica donde su pareja era regidor.
José Altagracia Valenzuela, cónsul en Juana Méndez, fue sustituido por Margarito de León Castillo, quien se desempeñaba como subdirector del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), una decisión presidencial dada a conocer pocos días después del apresamiento de un ciudadano haitiano con 92 pasaportes y once mil dólares en Santiago Rodríguez.
La exministra Jiménez era objeto de una investigación por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, luego que el consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, José Manuel Vidal Tejada, denunciara supuestas irregularidades en un proceso de compras en el que implicó a la funcionaria.
Puede decirse que el presidente Abinader no ha tenido suerte al momento de designar incumbentes en esa dependencia, aunque al igual que en otras instituciones del Gobierno, de cuyos titulares se reciben denuncias de corrupción o de otra naturaleza, la receta primaria ha sido la separación del cargo.
En la lucha contra la corrupción no es posible tener consideraciones sobre parientes ni arientes, sino la aplicación rasa de la ley contra toda persona sobre la cual el Ministerio Público presente evidencias que comprometan su responsabilidad penal, ponderadas y acogidas por tribunales competentes y de conformidad con el debido proceso.
Es preciso advertir que la destitución o degradación de un funcionario no lo exime de ser investigado por la jurisdicción penal correspondiente si en el ámbito administrativo se recaban pruebas o evidencias que apunten a la comisión de prevaricación o crímenes conexos.
Es obvio que el presidente Abinader debe estar absolutamente consciente de que el destino final de esos y otros expedientes debe ser el Ministerio Público, cuyas puertas están abiertas de par en par para recibir sometimientos, querellas y denuncias procedentes de todos los litorales, sin temor ni favor, injusticia ni privilegio.
