En el discurso de apertura del IV Diálogo de la Red de Integridad Pública en América Latina, el presidente Luis Abinader proclamó que en el ejercicio del Poder “no hay acción transformadora sin principio, sin ética y sin integridad”, expresión que vino como anillo al dedo ante nuevos desvíos de rumbo en áreas de la gestión pública.

Horas después de esa advertencia, el Presidente destituyó al director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), luego que se detectaran “fallas importantes” en el proceso de licitación de contratos para suplir el desayuno y almuerzo escolar.

En su discurso, el mandatario dijo que sin brújula cualquier barco naufraga y sin principios ningún gobierno puede servir a su gente con honestidad, lo que debió servir de lección a funcionarios, como la ministra de la Juventud que al parecer no supo colocar la bitácora en dirección a la ética y transparencia.

Lo expresado por el Presidente en ese ejercicio dialogante sobre integridad pública, que auspician la Dirección General de Ética y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sirve para retroalimentar su postulado sobre el compromiso de tutelar integridad y transparencia en la Administración Pública.

Ese camino, que debería conducir hacia un estadio de ejercicio público sostenido en buenas prácticas administrativas, ha estado siempre empedrado de ambiciones y tentaciones con los que no pocos servidores tropiezan y caen de bruces.

El mandatario ha vuelto a hablar del buen ejemplo que representa el portal de transparencia gubernamental, donde cualquiera puede acceder a la información de contratos públicos, licitaciones, sueldos y planes, “porque no hay nada que ocultar”. Duele saber que algunos de sus colaboradores muestran oídos sordos.

La fatídica noticia de que más de una docena de policías se involucraron en el robo de 400 kilos de cocaína en Barahona que vendieron como pan caliente, constituye una puñalada trapera al ambicioso proyecto de transformación de esa institución.

En adición a ese discurso monográfico sobre ética y transparencia dirigidas a servidores del Gobierno y del Estado, el presidente Abinader hace bien en desvincular de un plumazo a funcionarios que incurran en malas prácticas y someter a la justicia a los implicados en prevaricación o cualquier otro ilícito penal.