La tormenta que se ha tratado de crear por la vinculación de un ex regidor del PRM con el narcotráfico y otros casos no ha hecho más que poner sobre el tapete que en materia de vinculación de gente ligada al negocio de las drogas con el ejercicio del poder lo que menos cabe es el asombro o el estigma porque por aquí se ha visto casi de todo. No se trata de escurrir el bulto ni pedir al partido que haya gobernado que tire la primera piedra si está libre de pecado.

Esas personas se arriman a organizaciones de masas para garantizarse la impunidad de sus operaciones y para pulir su imagen suelen hacer significativos aportes a iglesias y entidades culturales, deportivas y de otras índoles.

Pero el hecho es que por aquí figuras ligadas al crimen organizado no solo han sabido insertarse en partidos, sino hasta en el propio ejercicio del poder. Como muestra, algunos casos.

Quirino Ernesto Paulino Castillo alcanzó el rango de capitán del Ejército, cubría los gastos militares por lo menos en Elías Piña, hizo donaciones a candidatos y organizaciones, participó en ceremonias en los más altos círculos, pero resulta que sus operaciones en el bajo mundo vinieron a conocerse cuando se le detuvo con relación a un cargamento de drogas que era transportado a Santiago. Que se sepa, nadie, como no fueran los colaboradores más cercanos fue ni siquiera interrogado sobre las actividades del convicto.

Está también el caso de César el Abusador, en cuya solicitud de extradición a Puerto Rico se señalaba que sus operaciones contaban con la protección de funcionarios civiles y militares. A la hora que se desplegó un operativo para detenerle, el capo, que realizó sus actividades ilícitas entre 2007 y 2017, escapó como por arte magia. Todavía hoy se ignora si es verdad la protección que brindaban sectores de poder al Pablo Escobar dominicano, porque nunca se supo de una investigación.

Se ha visto que funcionarios han «comprado» u ocupado bienes de detenidos y extraditados por narcotráfico. También, aunque parezca insólito, que un ex jefe de la Policía comprara dos apartamentos en una torre de lujo a un extranjero reclamado por tráfico de drogas, a quien, para más, se le abrieron las bóvedas de la banca para el supuesto financiamiento de ese proyecto.

A los escándalos hay que agregar el caso de los legisladores que según un embajador estadounidense desembolsaron 800 mil dólares en efectivo cada uno para hacerse con apartamentos vendidos por un extraditado por narco.

Lo que no se había visto es la persecución, como ahora, de relacionados con el oficialismo vinculados al narco. Porque la impunidad ha sido el gran caldo de cultivo para que gente ligada al crimen se cuele en los partidos y en los espacios del poder.