Que los 231,933.8 millones de pesos del déficit fiscal del Banco Central no se hayan consignado como deuda pública puede ser un error, deliberado o no, con un alto costo para la confianza en las estadísticas y, por ende, en la economía. Pero si se concatena con otras irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en la ejecución presupuestaria de 2011, el caso adquiere un matiz mucho más preocupante.

Sin ese signo de alarma que marcan las violaciones y falta de controles en el sector público, la entidad no tendría necesidad de alertar al Congreso para que, sobre la base de sus funciones implemente la aprobación y aplicación de reglas tendentes a garantizar y fortalecer la disciplina fiscal.

Lo grande del caso es que los incumplimientos, debilidades e irregularidades en la ejecución presupuestaria no son una novedad. Se trata de una práctica que, de acuerdo con la propia Cámara de Cuentas, riñe con la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

El déficit fiscal con que cerró el Gobierno asciende a 56,680.4 millones, equivalentes a un 2.6% del PIB (Producto Interno Bruto). Pero de acuerdo con la auditoría ese resultado presenta una desviación de 18.1% de la meta, que era de 47,989.6 millones de pesos. Y todo porque las autoridades no se contuvieron en el gasto a pesar de que las recaudaciones habían caído por debajo de lo estimado.

El cuadro no detalla todos los problemas. La Cámara de Cuentas encontró que el Ministerio de Hacienda no cumple con la entrega del estado de recaudación e inversión de las rentas en el plazo indicado, que es a más tardar el 1 de marzo de cada año. También con que tampoco rinde cuentas sobre las transferencias de fondos a entidades públicas excluidas del Sistema Integrado de Gestión Financiera.

El informe no tardó en ser utilizado por la oposición para advertir que como resultado de un déficit de 51,455 millones de pesos en los primeros cinco meses de este año, que atribuyó a la campaña electoral, 2012 podría terminar con un balance en rojo de 85 mil millones de pesos a causa del dispendio y la falta de controles que reclama la Cámara de Cuentas.

No se requieren mayores explicaciones para saber que los déficits son una amenaza para la estabilidad económica y un obstáculo para la inversión extranjera. Mas cuando se combinan con la presión que ejerce una deuda externa a la que a partir del año entrante habrá que destinar sólo para el pago de intereses un 40% del Presupuesto.

Las deficiencias en incumplimientos en los registros de ingresos, gastos y deuda pública aireadas por la Cámara de Cuentas constituyen una dramática advertencia para que el Congreso asuma su papel de velar y elaborar reglas tendentes a fortalecer y garantizar la disciplina fiscal. Sin necesidad de reparar siquiera en las causas de las turbulencias que sacuden economías que se suponían sólidas.