Los procuradores Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho han celebrado como un triunfo que 10 de los diputados en el caso Calamar se hayan declarado culpables y aceptado negociar con el Ministerio Público.

Puede tratarse en realidad de una victoria anticipada, pero por experiencia se sabe que admitir culpabilidad no es suficiente si no se compensa al Estado con la devolución de bienes mal habidos y la presentación de pruebas irrefutables.

Basta con recordar el caso Odebrecht, donde las delaciones premiadas de los ejecutivos de la empresa no sirvieron ni siquiera para sustentar el expediente.

Por ahora se ha dado cuenta de que los imputados Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández y Oscar Chalas han acordado negociar, tras admitir su culpabilidad, con el Ministerio Público.

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Anteriormente lo habían hecho José Arturo Ureña, Ramón Emilio Jiménez Collie, Bolívar Ventura, Fernando Crisóstomo y otros que el Ministerio Público tiene como testigos de cargo.

La trascendencia de la decisión es irregateable. Puede ser que las pruebas contra los arrepentidos sean demoledoras, pero también un recurso para completar una investigación. Lo que sin embargo más ha de tomarse en cuenta es que los golpes de pecho no bastan, sino que los arrepentidos aporten datos que contribuyan a probar la supuesta defraudación al Estado.