La estrella de la procuradora Miriam Germán ha vuelto a brillar con un caso que, como Operación Calamar, constituye a su vez un desafío para su gestión.
Solo por la la jerarquía de los principales imputados el Ministerio Público está obligado a sustentar con pruebas irrefutables y no con suposiciones el expediente sobre el supuesto desfalco por más de 19,600 millones de pesos de que ha dado cuenta, no sin cierta aparatosidad, contra el Estado.
La imagen de la magistrada, cuya designación fue tan bien recibida por la opinión pública, se veía un tanto apagada por los escasos avances que se han registrado en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Muchas declaraciones, incluso con dejo protagónico, pero pocas acciones que levanten el ánimo de la población en la batalla contra un flagelo que hiere la conciencia nacional.
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La caída en los tribunales de sonados procesos, la pausa en investigaciones y los obstáculos internos denunciados por la propia funcionaria hacían pensar que la batalla, por lo menos en lo concerniente al pasado, se reduciría a los escándalos que involucran al exprocurador Jean Alain Rodríguez y a hermanos y altos oficiales militares de la seguridad del expresidente Danilo Medina.
Con la Operación Calamar, que constituye el principal reto de su gestión, la procuradora sabe que no puede fracasar. Menos después que el PLD y relacionados han tildado de persecución política la detención por supuesta corrupción de su excandidato presidencial Gonzalo Castillo, quien también se desempeñó como ministro de Obras Públicas, así como de los exministros Administrativo, José Ramón Peralta, y de Hacienda, Donald Guerrero. El expediente, que desde el primer momento captó la atención internacional, tiene que pararse solo.
Cierto es que amplios sectores anhelan que se castigue la corrupción y se acabe con la impunidad, pero el anhelo no es de ninguna manera para que en la persecución de los males se proceda, como en el pasado, en forma selectiva.
Por más complejo sea, no se pueden esperar 18 meses sin presentar acusación para luego descargar sobre los jueces si a los imputados se le varía a domiciliaria la orden de prisión. Aunque no sea lo que ocurra, la magistrada está advertida.
Si Miriam se desentiende será suya toda la culpa sobre el eventual fracaso del proceso.
Es elemental que ante un caso de tal magnitud, tanto por la cuantía del supuesto desfalco como por el nivel de los principales acusados, no se puede fracasar por ninguna suerte de tecnicismo. En la Operación Calamar, la magistrada sabe muy bien que no solo está en juego su imagen presente y futura, sino la confianza de la población en que la justicia reinará en el actual proceso.