Entre los que han negociado con el Ministerio Púbico, se encuentran el abogado Ángel Lockward, quien lo hizo este viernes y Alejandro Constanzo, quien ya había hecho acuerdo con las autoridades.
Por Tomás Vidal Rodríguez y Lázaro Medina |
Santo Domingo.-Al menos nueve de los 19 imputados en la supuesta trama de corrupción denominada Operación Calamar, han negociado con el Ministerio Público, en busca de ser favorecidos con su libertad, según trascendió este viernes.
Entre los que han negociado con el Ministerio Púbico, se encuentran el abogado Ángel Lockward, quien lo hizo este viernes y Alejandro Constanzo, quien ya había hecho acuerdo con las autoridades.
Además, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Emir Fernández de Paola, Ana Linda Fernández y Oscar Chalas Guerrero. Estás personas se declararon culpables de los hechos que se le imputan y van colaborar con el Ministerio Público.
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Según la fuente, podría llegar a 12, el número de acusados que estarían haciendo acuerdo con el Ministerio Público, sin embargo, sus nombres han no han sido revelados.
El caso Calamar está encabezado por tres exministros y altos dirigentes del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de Hacienda, Donald Guerrero; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia y el excandidato presidencial del PLD en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo, quien hasta su postulación, se desempeñó como ministro de Obras Públicas.
El expediente además lo integran el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Juego de Azar, Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Agustín Mejía Ávila, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Todos están acusados por el Ministerio Público de haber estafado al Estado por más de 19 mil millones de pesos. La Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa (Pepca), ha pedido 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo.
